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Del escrito al estrado: ¿puede prosperar una denuncia sin pruebas contra el presidente?
Entre los pasillos del Congreso ha vuelto a resonar la polémica tras las cartas que el exministro Álvaro Leyva envió al presidente, en las que aludía a presuntos consumos de sustancias durante viajes oficiales. En un giro inesperado, Leyva admitió ante la Comisión de Acusaciones que no cuenta con pruebas documentales ni con testigos que avalen sus señalamientos, y que él mismo no presenció ningún episodio de consumo de drogas por parte del mandatario.
En sus misivas públicas, Leyva relató episodios de ausencias prolongadas y comportamientos “extraños” que, a su juicio, requerían acompañamiento médico y judicial. Aquellas denuncias impulsaron la apertura de una investigación preliminar en la Cámara de Representantes, donde se discute si hubo irregularidades que afecten el ejercicio del cargo presidencial.
Ante ese llamado, Leyva compareció de forma virtual para responder preguntas de los congresistas. Durante la diligencia, explicó que sus cartas estaban respaldadas por actas internas y que respetaba la reserva del proceso, pero reconoció que las pruebas que mencionó no llegaron a formalizarse en evidencias claras ni testimonios presenciales suficientes.
En sus propias palabras, el exministro sostuvo: “no tengo pruebas ni testigos válidos que corroboren lo que he dicho” y agregó que su intención nunca fue difamar, sino “mostrar preocupaciones sobre la salud y la conducta del primer mandatario”, aunque admitió la carencia de respaldo probatorio directo.
Esta aclaración fue interpretada por algunos medios como una retractación completa, pero Leyva insistió en que mantiene la esencia de sus inquietudes y que aún puede aportar datos en un escenario presencial. Según él, el debate no debe quedarse en pronunciamientos digitales, sino avanzar hacia el intercambio de documentos, audios y, si es necesario, exámenes de descargo bajo supervisión judicial.
Para reforzar esa fase investigativa, el excanciller anunció que asistirá personalmente a la próxima sesión de la Comisión de Acusaciones. Entrará al salón acompañado de su equipo legal y con la promesa de ampliar detalles y responder cara a cara a las inquietudes de los investigadores.
De ahora en adelante, los miembros de la Comisión evaluarán si programan diligencias adicionales: desde la práctica de pruebas de laboratorio hasta la citación de exfuncionarios y miembros de la comitiva presidencial en el exterior. Allí se decidirá si hay mérito para llevar el caso a conciliación o si podría abrirse un proceso penal por calumnia e injuria agravada.
Un controvertido episodio que deja en claro la tensión política entre un exaliado del Gobierno y el propio presidente, y expone el desafío de equilibrar la libertad de expresión con la rigurosidad probatoria en el ámbito público. La atención estará puesta en esa próxima audiencia presencial, que marcará el rumbo definitivo de la investigación.
Juan Joya
