“Le solicito poner en venta el helicóptero que compraron”: Petro tras interrupción de mantenimiento a vehículo presidencial

¿Qué cláusulas del contrato permiten a Leonardo Helicopters interrumpir el mantenimiento de una aeronave presidencial?

La operatividad de la flota aérea presidencial enfrenta un obstáculo técnico y jurídico sin precedentes recientes. La compañía italiana Leonardo, fabricante del helicóptero FAC-0008 asignado al servicio del despacho presidencial, notificó la suspensión temporal del soporte técnico y mantenimiento de la aeronave. La decisión corporativa responde a protocolos de cumplimiento internacional activados tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, una medida del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que impone restricciones financieras y comerciales a las personas reseñadas.

La medida de la casa matriz europea busca blindar a la compañía de posibles sanciones secundarias o violaciones a la normativa estadounidense, dado que prestar servicios a una persona sancionada por la OFAC podría acarrear consecuencias para sus operaciones globales. En la práctica, esto deja a la aeronave presidencial sin el respaldo oficial del fabricante para revisiones, repuestos y garantías, lo que compromete su aeronavegabilidad bajo los estándares de seguridad requeridos para el transporte del Jefe de Estado.

La reacción del primer mandatario ante la notificación fue inmediata y categórica, trasladando el asunto del terreno técnico al político y diplomático. A través de un pronunciamiento oficial, el Presidente calificó la decisión de la empresa como un agravio nacional. “La firma Leonardo italiana, ofende a Colombia”, sentenció, solicitando de paso la intervención de actores políticos en Europa: “Le solicito al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud”.

El eje de la defensa presidencial se basa en la distinción jurídica entre la figura del mandatario y la institucionalidad del país. El argumento central es que el Estado colombiano no es objeto de sanciones, por lo que los contratos vigentes no deberían verse afectados. En un tono de advertencia comercial, el Presidente señaló: “Si confunden el Estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado”, planteando un escenario que podría afectar las relaciones bilaterales en materia de contratación pública.

Más allá de la disputa contractual, el mandatario atribuyó estas restricciones a una represalia geopolítica por sus posturas en política exterior, específicamente respecto al conflicto en Medio Oriente. Vinculó su situación con la de otras figuras internacionales, asegurando que “con Francesca Albanese y conmigo se está cometiendo una enorme injusticia internacional” por sus posiciones frente al conflicto en Palestina. Para el Ejecutivo, estas sanciones, originalmente diseñadas para combatir el crimen organizado, están siendo instrumentalizadas para la “censura del pensamiento crítico en el mundo”, lo cual, a su juicio, “solo daría paso a la barbarie”.

Frente a este panorama, el Gobierno ha delineado una hoja de ruta legal y operativa drástica. El Presidente informó que ha instruido a su equipo jurídico para iniciar acciones legales contra el fabricante. “Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad”, afirmó. Esta acción buscaría resarcir los perjuicios causados por la interrupción unilateral del servicio pactado.

Finalmente, la crisis ha derivado en una decisión administrativa sobre el activo mismo. Al considerar inoperante el mantenimiento bajo estas condiciones y desestimar la necesidad personal del aparato, el mandatario ordenó deshacerse del bien. “Le solicito poner en venta el helicóptero que compraron pues prácticamente no lo necesito”, concluyó en su declaración. Mientras avanza la campaña internacional de apoyo que el mismo Presidente ha anunciado —la cual busca cobijar a jueces, periodistas y funcionarios sancionados—, el futuro del FAC-0008 queda en el limbo, a la espera de un comprador o de una resolución judicial en tribunales internacionales.

JUAN JOYA