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¿No se convierte la tasa de seguridad en un incentivo más para la informalidad, al hacer cada vez más difícil mantener una empresa formal?
En entrevista exclusiva con Colmundo Radio, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, expuso las preocupaciones del gremio frente a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aprobada mediante la Ordenanza 50 de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025. Este tributo departamental, que se cobra con base en el consumo de energía eléctrica, tiene como propósito financiar proyectos de seguridad, convivencia y equipamiento para la fuerza pública en los 125 municipios de Antioquia.
La tasa aplica a los estratos residenciales 4, 5 y 6, así como a los sectores industrial, comercial y oficial. El cálculo se realiza multiplicando los kilovatios hora consumidos por una tarifa expresada en Unidades de Valor Tributario (UVT). Los recursos se han destinado a dotación de equipos para escuadrones militares y policiales, adquisición de tecnología como cámaras y sistemas de conectividad, mejoras en infraestructura y construcción de escenarios deportivos.
Sin embargo, desde el sector privado las críticas han sido contundentes. “Este no es un impuesto aislado, es un golpe más que se suma a la reforma laboral, al aumento del salario mínimo y a los impuestos saludables que afectan a panaderías y reposterías”, afirmó Bernal. Según la dirigente, la acumulación de cargas tributarias está llevando a muchas empresas a la informalidad o incluso a la insolvencia.
La directora explicó que sectores como supermercados con cadena de frío, industrias, clínicas, centros comerciales e instituciones educativas son los más golpeados por el cobro. “Las empresas trabajan para el Estado, porque la tasa efectiva de tributación supera el 70 %. Por cada cien pesos que se gana una empresa, más de setenta se van en impuestos”, señaló. Y agregó: “Las reposterías y panaderías están reventadas por los impuestos saludables, casi iguales a un IVA pero no descontable. No es raro que pronto veamos noticias de negocios entrando en ley de insolvencia”.
La destinación de los recursos también genera molestia. “Conocemos las canchas que han sido parte de lo priorizado, la construcción de escenarios deportivos en municipios de Antioquia. También hemos visto en redes sociales el equipamiento que se ha entregado a la fuerza pública. Es respetable que se quieran hacer escenarios deportivos, pero no estamos de acuerdo con el modo, porque la seguridad es el verdadero bien público y debe garantizarse con recursos del Estado”, indicó Bernal. La ironía es evidente: un impuesto bautizado como “de seguridad” termina financiando canchas de fútbol.
Otro punto de controversia es la temporalidad del tributo. La Gobernación ha señalado que la tasa se mantendrá hasta el 7 de agosto de 2027, fecha en la que concluye su administración. “No hay nada más permanente que un impuesto temporal”, advirtió Bernal, al expresar dudas sobre la continuidad de la medida más allá del cambio de Gobierno.
Finalmente, la directora insistió en que la única salida viable es suspender el cobro. “Las empresas están en un momento muy complejo, no aguantan un impuesto más. Nuestra misión como gremio es garantizar que en Colombia dejen camellar, que sea posible hacer empresa formal y mantenerla por muchos años”, concluyó.
Conozca la entrevista completa aquí
Juan Joya
