“Las elecciones también se protegen en el ciberespacio”: MinDefensa

¿El Ejército y la Policía podrán contener simultáneamente riesgos físicos y digitales sin que se afecte la confianza ciudadana?

A días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del próximo domingo, el Gobierno puso el foco en un frente menos visible, pero decisivo: la seguridad digital del proceso. El Ministerio de Defensa confirmó que el componente de ciberseguridad del Plan Democracia ya opera de manera continua para proteger la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la organización y transmisión de los resultados electorales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que la tarea está en manos del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOCI), una unidad especializada en ciberdefensa estratégica. Según detalló, el despliegue implica monitoreo permanente de redes y servidores, análisis de información en tiempo real y verificación técnica de cualquier comportamiento anómalo que pueda afectar la disponibilidad o integridad de los sistemas. “Las elecciones también se protegen en el ciberespacio”, afirmó, al señalar que la instrucción a todas las capacidades cibernéticas de la fuerza pública es vigilar de forma constante el entorno digital para detectar posibles delitos electorales, compra de votos, desinformación o intentos de interferencia.

De acuerdo con lo expuesto por la cúpula militar, el esquema incluye equipos de respuesta inmediata ante incidentes informáticos, protocolos de contención para aislar eventuales amenazas y coordinación directa con la Policía Judicial en caso de que se identifiquen conductas que puedan constituir delito. No se trata solo de proteger bases de datos o plataformas de transmisión de resultados preliminares, sino de garantizar que la infraestructura tecnológica funcione sin interrupciones antes, durante y después de la jornada electoral. El seguimiento también contempla rastreo de patrones digitales que puedan indicar campañas coordinadas de manipulación o presión al elector a través de medios tecnológicos.

Este componente digital se articula con el despliegue físico de 246.000 uniformados en los 13.493 puestos de votación del país. Según el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, 127 municipios han sido priorizados en departamentos como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca por riesgos de alteración del orden público. Desde el Ejército se informó que el 60 % del dispositivo ya está en terreno y que el refuerzo continuará en los días previos al 8 de marzo, tanto en vías estratégicas como en zonas rurales y urbanas.

El Ministerio de Defensa recordó, además, que está habilitada la línea gratuita 157 para denuncias sobre delitos electorales, bajo reserva, y que se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita anticipar o neutralizar conductas como compra de votos, constreñimiento al elector o fraude en la inscripción de cédulas. Con este esquema, que combina control territorial y vigilancia digital, el Gobierno busca asegurar que la jornada transcurra sin interferencias y preservar la confianza en un proceso decisivo para la renovación del Congreso y la elección presidencial de 2026.

Juan Joya