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En la mañana de este martes 2 de diciembre, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó el reciente comunicado del Ministerio de Salud y reiteró que la crisis del sistema en el departamento está directamente ligada a la falta de recursos. Según dijo, “la problemática no está en la ADRES, sino en la insuficiencia de recursos”, una situación que el Valle ha advertido en repetidas ocasiones.
Por medio de un video compartido en redes sociales, Toro insistió en que la escasez presupuestal profundizó “una crisis financiera que hoy pone en riesgo la vida de los vallecaucanos”. Asimismo, aseguró que la deuda acumulada continúa creciendo y afecta de forma directa la atención de los pacientes. Por ello, recalcó que las alarmas no son nuevas, sino resultado de un deterioro progresivo que hoy se hace más evidente. Además, señaló que la Superintendencia Nacional de Salud ya corroboró varias de estas preocupaciones.
En su declaración explicó que el cálculo de los recursos que debería recibir el departamento asciende a cerca de 8 billones de pesos, pero que el Ministerio solo ha confirmado un giro de 4,7 billones. “Las cifras no mienten. Sí hay un incremento de muertes de pacientes con enfermedades huérfanas y discontinuidad de los tratamientos”, afirmó, al señalar que esta diferencia presupuestal está provocando demoras en tratamientos y suspensión de servicios de alto costo. La mandataria agregó que las quejas por retrasos en entrega de medicamentos y exámenes especializados se han incrementado de forma notable en los últimos meses. A esto sumó la preocupación por los pacientes que requieren tecnologías avanzadas y que enfrentan barreras cada vez mayores.
La gobernadora también advirtió que se ha registrado un incremento de muertes entre pacientes con enfermedades huérfanas, asociado a la discontinuidad de sus tratamientos. Explicó que los casos en el departamento pasaron de 3.850 en 2024 a 4.310 en 2025, un aumento que refleja la gravedad de la situación. Según sus cifras, 20 vallecaucanos habrían perdido la vida como consecuencia directa de la interrupción de su atención médica. Por lo anterior, solicitó al Gobierno Nacional revisar con urgencia los flujos de recursos e insistió en que la problemática no se resolverá sin financiamiento suficiente, especialmente para pacientes con patologías de alto riesgo.
La mandataria vallecaucana anunció el envío de una carta formal al Ministerio de Salud, en la que sustenta, punto por punto, las afirmaciones que ha hecho públicas. Aseguró que la información entregada contiene datos verificados y soportados por las autoridades de salud del departamento y con el objetivo de evitar un deterioro mayor del sistema.
¿Qué dijo previamente el Ministerio de Salud?
La entidad estatal emitió un pronunciamiento el 28 de noviembre en el que respondió a las alertas divulgadas por la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, y amplificadas por el expresidente Álvaro Uribe. Explicaron que el flujo de recursos desde la ADRES hacia EPS e IPS se está ejecutando “sin demoras”, por lo que descartó que exista responsabilidad directa del Gobierno Nacional en las fallas de atención. De acuerdo con la entidad, los problemas denunciados responden principalmente a deficiencias administrativas de las EPS. El Ministerio sostuvo que atribuir la crisis al Gobierno “desconoce la estructura del sistema”, y aclaró que la deuda mencionada corresponde a obligaciones que las EPS tienen con los prestadores.
En el documento detallaron que, solo en 2025, la ADRES giró 4,76 billones de pesos al Valle del Cauca, recursos distribuidos entre redes pública y privada. La cartera señaló además que la UPC del departamento aumentó 33,3 % entre 2022 y 2024, como muestra del esfuerzo estatal por fortalecer el sistema. Igualmente, aseguró que ha invertido más de $819.972 millones en atención primaria, infraestructura y transporte asistencial en el territorio. A esto se suman los recursos dirigidos a Equipos Básicos de Salud y a la modernización de hospitales.
Frente al señalamiento de que hay desabastecimiento generalizado, el Ministerio respondió que los listados del Invima “no muestran escasez de medicamentos para cáncer o hemofilia”. Indicó que los retrasos en las entregas obedecen a relaciones contractuales entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos y no a falta de disponibilidad a nivel nacional. La cartera también resaltó la Resolución 35379 de 2025, que permite compras conjuntas para EPS intervenidas, con el fin de reducir sobrecostos y tiempos de distribución. Con respecto a la mortalidad de pacientes con enfermedades huérfanas, dijo que las cifras oficiales muestran una reducción en 2025 frente al año anterior. Y concluyó señalando que continúa vigilando el cumplimiento de las EPS y garantizando los recursos del aseguramiento.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
