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Por posibles prácticas anticompetitivas de ventas atadas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este martes 17 de marzo que abrió una investigación contra la empresa administradora del complejo turístico de la Catedral de Sal de Zipaquirá.
Según el comunicado emitido por la entidad, la administración de la Catedral se habría aprovechado de que sea reconocida y tenga relevancia “como destino cultural, histórico, turístico y religioso”, y habrían utilizado un esquema donde se comercializaron pasaportes en el que los visitantes y turistas se veían en la obligación de “adquirir una serie de servicios adicionales para lograr acceder al recinto” sin permitirles la compra individualizada del ingreso al sitio. “Estos paquetes, denominados pasaportes, no permitirían a los visitantes elegir libremente los servicios que desean adquirir, ya que la compra del tiquete de acceso al templo implica necesariamente la adquisición obligatoria de otros servicios adicionales”, se lee en el comunicado.
La SIC expuso los servicios que eran incluidos de manera obligatoria junto con la entrada a la Catedral de Sal:
· Visitas guiadas dentro del templo de la Catedral de Sal de Zipaquirá.
· Acceso a internet.
· Ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza.
· Ingreso al Museo Arqueológico de Zipaquirá.
· Transporte mediante el tren de salida.
En ese sentido el organismo sostuvo que, de acuerdo con la realización de la actuación administrativa, el hecho de que los consumidores se vieran forzados a obtener el pasaporte con los demás servicios, “constituye el núcleo de la posible práctica anticompetitiva bajo investigación, lo que habría llevado a un presunto posible abuso de posición de dominio por venta atada”. Es decir, que por lo anterior, conllevaba a que los afectados no contaban con la libertad de elegir como consumidores.
“La situación descrita podría estar afectando la libertad de elección de los consumidores, quienes se estarían viendo obligados a pagar por servicios que no necesariamente desean o requieren para su visita al complejo, ya que se les habría subordinado el suministro del servicio de entrada a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituirían el objeto del negocio, limitando la posibilidad de que los visitantes eligieran únicamente aquellos servicios en los que realmente están interesados”, continuó explicando el ente.
En ese contexto, la SIC destacó que de acuerdo con las pruebas recolectadas hasta el momento, alrededor del 50% de los turistas que compran los mencionados pasaportes, estarían utilizando los servicios adicionales, hecho que afirmaría la hipótesis “según la cual dichos servicios no resultarían indispensables para la visita a la Catedral y, por tanto, su inclusión obligatoria podría generar afectaciones para la libertad de elección de los consumidores y el incremento de los costos al tener que pagar no solo por el servicio que quiere, sino por los adicionales”.
Para concluir, la autoridad reguladora reiteró su compromiso con la defensa de la libre competencia en el sector de servicios turísticos y la protección de los consumidores. Asimismo, enfatizó que se garantizarán plenamente los derechos de defensa de los investigados, quienes podrán presentar descargos, solicitar pruebas y ofrecer garantías si así lo consideran pertinente dentro del proceso. Además, recalcó que esta actuación adquiere especial importancia en medio del crecimiento sostenido del turismo en Colombia.
La SIC reveló que entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de visitantes internacionales, posicionándose entre los destinos más dinámicos a nivel global. Este resultado no sólo evidencia los esfuerzos del Gobierno Nacional por promover la diversidad de “El País de la Belleza”, sino también su compromiso con la seguridad y protección de turistas nacionales y extranjeros.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
