La Procuraduría inicia rigurosa auditoría a contratos de la gobernación de Norte de Santander

La Procuraduría General de la República anunció una investigación exhaustiva sobre una serie de contratos suscritos por la Gobernación de Norte de Santander, en un esfuerzo por esclarecer las denuncias de irregularidades en los procesos de licitación y asignación de proyectos. Particularmente, se centrarán en aquellos contratos que fueron firmados a través de la Empresa Comercial e Industrial del Estado, conocida como Faro del Catatumbo, que fue creada a finales de 2020.

La investigación se enfocará en los contratos celebrados en los últimos tres años, que aparentemente han sido asignados a contratistas específicos, quienes a su vez subcontratan a otras empresas para la ejecución de proyectos. La Procuraduría ha señalado que este proceso de subcontratación merece un escrutinio más profundo para verificar posibles acuerdos y conexiones entre los contratistas y las autoridades gubernamentales.

Además, se examinarán minuciosamente las contrataciones realizadas en un período muy específico, del 12 al 28 de junio de este año, durante el cual se suscribieron alrededor de 15 contratos con un valor total de $110.000 millones. Estas transacciones tuvieron lugar justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías.

Uno de los contratos que está bajo la lupa tiene un valor de $65.000 millones y se trata de un contrato interadministrativo entre Norte de Santander y la empresa Faro del Catatumbo, destinado a un proyecto de infraestructura vial. En los registros del SECOP II, se observa que solo un proponente se presentó para este proyecto, el Consorcio Vías Centro, cuyo representante legal es Germán Alberto Barroso, uno de los contratistas más influyentes del departamento.

Hasta el momento, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, no ha emitido declaraciones ni concedido entrevistas sobre los escándalos que involucran a su administración. Sin embargo, ha afirmado que su “conciencia está tranquila” y que ha actuado de manera adecuada. Además, aseguró que la Gobernación garantiza la transparencia en todas las licitaciones, que están debidamente publicadas en el SECOP II, y que estos escándalos suelen surgir durante las campañas políticas con el propósito de dañar su reputación.

En paralelo, la Procuraduría continuará investigando la identidad de los contratistas de obras públicas para determinar si efectivamente son los mismos que con frecuencia se benefician de las licitaciones, lo que sugiere posibles acuerdos subyacentes. Estas conexiones podrían estar vinculadas tanto al actual gobernador, Silvano Serrano, como al ex gobernador William Villamizar. La investigación buscará esclarecer estos aspectos y garantizar la integridad en los procesos de contratación pública en Norte de Santander.

Humberto ‘Toto’ Torres