Ponencia del CNE establece violación de topes y aportes no reportados a campaña Petro presidente 2025

Este martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la radicación de una ponencia que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 superó los topes de financiación establecidos por la ley. El documento fue elaborado por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes determinaron que el exceso fue superior a los 3.500 millones de pesos. La ponencia será discutida por la Sala Plena del tribunal electoral en los próximos días.

La investigación del CNE se centró en el análisis de aportes, contratos y gastos ejecutados durante la primera y segunda vuelta presidencial. Entre los hallazgos figuran contribuciones de sindicatos como Fecode y la USO, así como pagos a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), que prestó servicios de transporte aéreo. Según el informe, varios de estos gastos no fueron reportados adecuadamente y excedieron los límites legales. “La campaña violó los topes electorales en más de 3.500 millones de pesos”, señala la ponencia.

La responsabilidad administrativa, según los magistrados, recae principalmente en Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. También se mencionan como responsables la tesorera Lucy Aydeé Mogollón y la auditora María Lucy Soto. Además, se señalan los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que inscribieron la candidatura presidencial. “La responsabilidad administrativa recae en quien ejercía la gerencia y en los partidos que inscribieron la candidatura”, indica el documento.

El caso también involucra a Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, quien fue gerente de la campaña al Senado del Pacto Histórico. Tanto Roa como Jaramillo enfrentan demandas civiles por deudas con SADI superiores a 2.253 millones de pesos. Juzgados de Bogotá decretaron embargos sobre bienes inmuebles y salarios de ambos, lo que conecta las obligaciones privadas con las cuentas aún pendientes de la campaña.

Durante el desarrollo del expediente, se dio la recusación de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien fue apartada del proceso por haber actuado como testigo electoral en ambas vueltas presidenciales. La decisión fue adoptada por siete votos a favor y dos en contra en la Sala Plena del CNE.

Actualmente, hay contrapesos de fuerzas en la Sala Plena del CNE. El bloque que respalda la ponencia está conformado por Ortiz, Prada, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quirós. En contra se encuentran Altus Baquero, Álvaro Echeverri y Fabiola Márquez. Con la salida de Velásquez, se prevé que se deban designar conjueces, ya que las decisiones del CNE requieren al menos seis votos para ser aprobadas.

Ahora, la Sala Plena del CNE deberá decidir si acoge las conclusiones de Ortiz y Prada. De aprobarse, se impondrían sanciones económicas contra Roa y contra las colectividades que avalaron la candidatura. No se contemplan sanciones políticas como la pérdida de personería jurídica, aunque el tribunal tiene facultades para considerarlas en futuras decisiones.

En paralelo, el Consejo de Estado aclaró que el CNE no puede investigar directamente al presidente en ejercicio. Por tratarse de un mandatario con fuero constitucional, esa competencia corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. “La decisión reafirma que el fuero presidencial no excluye el control político y judicial en materia de topes de campaña”. Con ello, se confirma que cualquier eventual responsabilidad del presidente deberá ser evaluada por el Congreso.

La Comisión de Acusaciones ya recibió el expediente y deberá decidir si abre una investigación formal. Aunque históricamente ha sido cuestionada por su bajo nivel de acción, este es un caso que podría marcar un precedente, al tratarse de un presidente en ejercicio y de una investigación con pruebas documentadas por un organismo de control. El desenlace de la votación en el CNE y la respuesta de la Comisión de Acusaciones podrían definir el alcance institucional del control al financiamiento de campañas en Colombia.

Juan Joya