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El más reciente informe del Centro Externadista de Paz, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, reveló que durante los tres primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro se han registrado más de 40.000 homicidios en el país, cifra que supera los 37.795 casos ocurridos bajo el mandato de Iván Duque y los 36.000 del segundo periodo de Juan Manuel Santos.
El estudio contradice directamente la versión oficial del mandatario, quien ha insistido en que la violencia ha disminuido bajo la política de “Paz Total”. “Se trata del peor registro de violencia homicida en 11 años”, señala el informe, al precisar que entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se reportaron 13.817 homicidios, lo que representaría un asesinato cada 39 minutos.
El análisis desde la academia advierte un deterioro grave en la región Caribe, donde se concentran disputas entre el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, el ELN, bandas urbanas y redes transnacionales. “El mapa criminal se ha fragmentado y actualmente opera un número creciente de microestructuras violentas, más difíciles de rastrear y con mayores recursos”, puntualiza el documento.
Uno de los casos más críticos se registra en el Catatumbo, particularmente en el municipio de Tibú (Norte de Santander). Allí los homicidios pasaron de 29 a 129 en el último año, alcanzando una tasa de 187,5 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país. El incremento está asociado a disputas entre grupos armados ilegales y redes del narcotráfico que operan en la zona fronteriza.
El informe también destaca el aumento de la violencia en Bogotá, donde se contabilizaron 229 homicidios adicionales en el trienio, lo que representa un incremento del 7,1 %. Solo en 2024, la capital registró un crecimiento del 14,8 % en los casos de homicidio, lo que refleja un deterioro en la seguridad urbana.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) coincide en que la violencia no ha disminuido en Colombia y advierte que los datos muestran un incremento sostenido. “Los indicadores cuestionan la promesa de la Paz Total y evidencian un deterioro en las condiciones de seguridad”, señala la organización.
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El panorama se agrava con el más reciente resultado del Índice AML de Basilea, que mide riesgos de lavado de dinero y delitos financieros. Colombia se ubicó en el puesto 99 entre 177 jurisdicciones, con un puntaje de 5,05. Aunque la clasificación corresponde a un riesgo medio, el índice ha venido en aumento en los últimos cinco años, lo que daría cuenta de un deterioro adicional en materia de seguridad y control de economías ilegales.
Juan Joya
