La ONU señaló su inquietud por el proceso electoral en Colombia

En el último informe de la ONU se manifestó la preocupación por el impacto que podrían tener los grupos armados en el proceso electoral de Colombia, debido a su presencia de grupos que operan en zonas que corresponden a las 16 circunscripciones de paz y su impacto negativo en las garantías de seguridad.

Por tanto, la oficina que lidera Michelle Bachelet incentiva al estado a que se tomen medidas preventivas con el fin de garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política con un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia. 

Del mismo modo, se consideró que oportuno que se atiendan las alertas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la misión de observación electoral, haciendo uso de medidas de protección  y con mayor presencia de la institucionalidad civil en zonas críticas, llevando a cabo acciones frente a la estigmatización o la discriminación por razones de género o étnicas.

De acuerdo con el informe se indicó que uno de los mayores obstáculos para la paz es la limitada presencia del Estado y en gran medida las autoridades civiles en diferentes zonas del país, lo que ha permitido que se presenten asesinatos y demás actos violentos.

“La acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas”, indicó el informe. 

Con el fin de mitigar toda esta violencia la ONU afirmó que se debe promover su presencia integral en particular en la zonas rurales de Antioquia, Amazonas, Arauca, Caquetá, Cauca, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. 

“Esto permitirá un mayor acceso a la justicia y a servicios básicos, facilitando la lucha contra la impunidad y aumentando la realización de derechos económicos, sociales y culturales, factores fundamentales para disuadir y prevenir la violencia”.

Por último, será necesario profundizar en la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz mediante la implementación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. “Es urgente resolver los conflictos agrarios y de propiedad de la tierra en las áreas rurales”, se lee en el documento.

Finalmente, aclararon que es urgente avanzar, en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la elaboración de una política pública concertada con la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, para desmantelar organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como lo prevé el Acuerdo de Paz.