La ONU reducirá su presencia territorial en Colombia

¿Cómo el  Gobierno puede compensar la ausencia del organismo  en zonas de alto riesgo?

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) anunció el cierre de tres de sus oficinas regionales en Colombia, como parte de un ajuste presupuestal global que también implicará la desvinculación de 46 trabajadores. La decisión, confirmada  oficialmente este lunes 24 de junio, responde a una disminución significativa en los aportes financieros voluntarios que sustentan las operaciones de la entidad en el país. Según el organismo, estos recortes no obedecen a decisiones del gobierno nacional, sino a restricciones presupuestarias que afectan a la organización a nivel internacional.

Las oficinas que cesarán operaciones están ubicadas en regiones con alta conflictividad social y presencia de actores armados ilegales, como Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá. Estas zonas han sido históricamente priorizadas por la ONU debido a los riesgos que enfrentan comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y líderes sociales.

La medida implica una reducción de casi el  50 % del personal de la OACNUDH en Colombia, lo que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a más de 280 organizaciones, expresó su inquietud por el impacto que esta decisión podría tener sobre las comunidades más vulnerables del país.

Pese al cierre de estas oficinas, la ONU confirmo que mantendrá presencia en Colombia con una sede central en Bogotá y cuatro oficinas regionales que continuarán operando en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. La cobertura de las zonas afectadas por los cierres será asumida desde la capital.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha estado presente en Colombia desde 1997, desempeñando un papel determinante en el monitoreo de violaciones a los derechos humanos y en el acompañamiento a víctimas del conflicto armado. En su comunicado, la entidad reiteró su compromiso de continuar trabajando en el país hasta 2032, aunque con un modelo operativo reorganizado y centrado en Bogotá.

Este anuncio se produce en un contexto de persistente violencia en varias regiones de Colombia, donde se registran altos niveles de homicidios, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales. Diversos analistas advierten que la reducción de la presencia territorial de la ONU podría generar un vacío crítico en los mecanismos de vigilancia y denuncia de abusos.

Juan Joya