La ONU evaluará a Colombia Colombia sobre los acuerdos de paz

Finalizando este 2023, el gobierno colombiano deberá presentar el Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas. En esta rendición de cuentas se evalúan diferentes aspectos de los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos, se analizan los acuerdos de paz, inclusión social, medidas contra la violencia de género, entre otros aspectos.

Esta evaluación es presentada por 193 países que son miembros de la ONU. En diferentes informes que circulan en algunas plataformas, se expone que existen muchos incumplimientos a las recomendaciones que hizo Naciones Unidas a Colombia durante el tercer periodo de examen que se llevó a cabo en 2018.

Uno de los incumplimientos expuestos está relacionado con los Acuerdos de Paz, ya que “hubo retrasos y actos de corrupción en la implementación de todos los puntos. Además, frente a las garantías de seguridad, hubo graves fallas, ya que han sido asesinados 361 firmantes del acuerdo hasta el 9/12/2022”, explica el documento.

El texto añade que “el gobierno del expresidente Iván Duque hizo un mal uso de los dineros destinados para la implementación del Acuerdo de Paz. En 2020 se evidenció la falta de participación y transparencia en la asignación y ejecución de recursos de cooperación internacional para la paz”.

Por otra parte, se hace mención a las comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes continúan siendo víctimas en 2023 debido a la guerra en diferentes zonas del país, tal como lo ha reseñado recientemente la Jurisdicción Especial de Paz en sus diferentes macrocasos acerca del conflicto armado en nuestro país.

Similar a la problemática anterior, se hizo referencia a la protección de líderes sociales, pues entre enero de 2018 y mayo de 2023, han sido asesinados 1.264 personas que desarrollaban labores sociales en diferentes regiones del país.

“Desde el 2017 y al primer semestre de 2022 se registraron 3.376 casos de muertes por violencia sociopolítica. También se ha documentado la continuidad de casos asociados a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que en por lo menos el 58% de los casos obedecen al accionar del Estado”, expone el texto.

Finalmente, el compilado investigativo concluye que “a pesar de los anuncios y cambios de postura del Gobierno que empezó en agosto de 2022, Colombia sigue teniendo una gran deuda en materia de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el EPU. En particular, en materia de paz hubo incluso retrocesos en lugar de avances. Se espera que el cambio de Gobierno genere cambios concretos en este ámbito, pero hay temor por la capacidad institucional y el manejo transparente de los recursos”.

Redactado por Sara Camila Fajardo