“La mayoría de universidades dependen del Gobierno para sobrevivir”: advierte la Contraloría

Un reciente estudio de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en Colombia. Según explicó en entrevista con el Informativo Digital Colmundo el contralor delegado para el sector educación, Andrey Giovany Rodríguez, de las 34 universidades públicas del país “solo una logra mantenerse con ingresos propios”. El resto de las instituciones depende en gran medida de los recursos que gira el Gobierno Nacional para garantizar su funcionamiento.

De acuerdo con el funcionario, esta situación compromete la estabilidad del sistema de educación superior pública. Además, limita la capacidad de las universidades para responder a las crecientes demandas académicas y sociales. En ese sentido, señaló que el origen del problema es un déficit estructural que se ha profundizado con el paso de los años. “Históricamente, las universidades venían incrementando sus costos año a año con ocasión del IPC, pero la mayoría de las veces estos costos crecen por encima del mismo IPC”, explicó.

En ese contexto, indicó que el Índice de Costos de Educación Superior, administrado por el DANE, refleja de forma más precisa la realidad económica de las instituciones. Este desbalance ha generado una desfinanciación persistente que afecta su capacidad operativa, y ahora la Contraloría advierte que, sin ajustes estructurales, la brecha seguirá ampliándose. El informe también revela que las 34 universidades públicas —17 de carácter nacional y 17 de operación territorial— dependen en más del 50 % de los recursos que reciben del nivel central.

“Cuando hablamos de autosuficiencia, nos referimos a la capacidad de una universidad de mantener su operación con ingresos propios, y en Colombia solo una lo logra”, precisó. Esta alta dependencia reduce la autonomía financiera de las instituciones. Asimismo, las expone a los cambios en la política fiscal y a posibles retrasos en los giros presupuestales, y esto, para la Contraloría, afecta la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

Otro factor crítico identificado en el estudio es el peso de los pasivos pensionales. De acuerdo con los cálculos de la Contraloría, para 2024 estos compromisos alcanzan cerca de 10,3 billones de pesos. Rodríguez advirtió que muchas universidades no han logrado firmar contratos de concurrencia entre la Nación y los territorios. Esto las obliga a cubrir estos pagos con recursos propios, afectando sus finanzas. “Cuando sacas plata de la caja para cubrir pasivos que no te competen legalmente, terminas dejando de invertir en cobertura, infraestructura, calidad educativa e investigación”, afirmó.

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La dependencia de los recursos nacionales también impacta la planeación financiera y la liquidez de las universidades. “La planeación de largo plazo se ve limitada porque depende de cuánto y cuándo gira el Gobierno”, agregó. Igualmente, explicó que los retrasos en los desembolsos pueden afectar incluso el pago de obligaciones inmediatas. Rodríguez recordó lo ocurrido con programas como Matrícula Cero, donde los giros se realizaron de forma parcial. “Las universidades terminan apalancando con su propia liquidez iniciativas que deberían estar plenamente financiadas”, indicó.

Frente a este panorama, el contralor delegado destacó como un avance la modificación de la Ley 30, aprobada en diciembre pasado y a la espera de sanción presidencial. Según Rodríguez, esta reforma permitiría incrementar la asignación de recursos en cerca de 27,8 billones de pesos hasta 2036. Sin embargo, insistió en que el reto será garantizar su financiación real y oportuna. “Lo importante es saber de dónde va a salir esa plata y que efectivamente llegue a las universidades”, subrayó. Finalmente, recordó que “la educación es el mayor motor de movilidad social” y que invertir en ella es “la inversión más rentable del Estado”.

Dayineth Isabel Molina Velásquez