La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, luego de verificar la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes del Acuerdo Final, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y adoptar el plan de acción para combatir y desmantelar estas organizaciones armadas ilegales.
Con respecto a las decisiones tomadas por durante la audiencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, la Sección le solicitó a la Procuraduría iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, toda vez que pasados cinco años de creada la CNGS, ésta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo con cual no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación.
Por lo que el pasado 28 de febrero en una diligencia judicial, los magistrados concluyeron que no hay claridad sobre cómo se toman las decisiones en la CNGS.
“Hay que precisar los retos y desafíos que se deben superar para avanzar en el propósito de lograr una política participativa, articulada y constante", manifestó el magistrado Raúl Sánchez.
Por su parte, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo cuestionó por qué la Procuraduría, la Unidad Especial de Investigación, el Comando de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía no participaron en la elaboración de los diferentes lineamientos que presentó el Alto Comisionado el 19 de marzo de 2021.
Finalmente, en el balance fue entregado la Sección de 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, incluidas 10 mujeres, entre ellas una indígena del Cauca. “La lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres no logra impactar con efectividad en la prevención y mitigación de las violencias", concluyó el magistrado Alejandro Ramelli, Presidente de la Sección.