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31 octubre, 2025
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31 octubre, 2025La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 comparecientes de la Fuerza Pública que no fueron considerados máximos responsables en los casos de ‘falsos positivos’ cometidos entre 1999 y 2008 en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
Los exintegrantes de los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ y el Batallón de Combate Terrestre No. 46 ‘Héroes de Saraguro’ fueron hallados responsables de 31 hechos que dejaron 49 víctimas, asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.
Tras un proceso de evaluación y diálogo restaurativo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que los comparecientes cumplieron con los compromisos de verdad plena, reconocimiento de responsabilidad y reparación simbólica a las víctimas, por lo cual se les otorgó el beneficio de renuncia a la persecución penal, que implica la eliminación de sus antecedentes judiciales y disciplinarios.
“Los comparecientes aportaron una verdad exhaustiva que superó lo conocido por la justicia ordinaria, reconocieron su responsabilidad, concertaron medidas de reparación y se comprometieron con la no repetición”, señalaron los magistrados Pedro Díaz Romero y Mauricio García Cadena, de la Subsala Catatumbo.
El beneficio aplica únicamente para quienes no fueron seleccionados como máximos responsables ni tuvieron un rol determinante en el diseño o ejecución de los crímenes. A la fecha, la JEP ha resuelto de manera definitiva la situación jurídica de 417 miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 415 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables.
Crímenes en el Catatumbo: patrones y víctimas
Según la JEP, en el Catatumbo se identificaron dos modalidades dentro del patrón de los ‘falsos positivos’:
- El señalamiento de campesinos y habitantes como supuestos colaboradores de la guerrilla con base en información falsa.
- El reclutamiento y traslado de jóvenes vulnerables, engañados con falsas ofertas de trabajo, para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos.
Entre los casos documentados, figura el asesinato de Héctor Antonio Rubio Álvarez, campesino y líder comunal de Hacarí, ejecutado en 2007 por el Grupo Especial ‘Chacal 3’, del Batallón de Contraguerrilla 96. También el homicidio de José Giovanni Pérez Ortiz y José Guber López, el 6 de junio de 2006, presentados como guerrilleros tras ser asesinados por el Batallón 95.
Otro hecho emblemático es el de Carlos Mauricio Nova Vega, Rafael Andrés Plata y un joven no identificado, reclutados en Bucaramanga con una falsa promesa laboral y llevados hasta Ocaña, donde fueron ejecutados por integrantes del BISAN y reportados como bajas en combate el 25 de agosto de 2008.
Compromisos de reparación y memoria
Durante las audiencias celebradas en Cúcuta, San Calixto y Bogotá, los comparecientes reconocieron su responsabilidad, pidieron perdón y se comprometieron a cumplir medidas restaurativas junto a las víctimas.
En ese contexto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó la iniciativa “Catatumbo herido: desde el dolor hacia la reconciliación”, con el fin de fortalecer la memoria y promover la reconciliación en las comunidades afectadas.
“Este proceso restaurativo permitió reconstruir cómo se planificaron, ejecutaron y encubrieron los crímenes, así como los mecanismos de coordinación entre mandos militares para manipular las escenas del delito”, destacaron los magistrados ponentes.
La JEP reiteró que las conductas reconocidas corresponden a crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida y desaparición forzada, y advirtió que los comparecientes deberán cumplir las medidas restaurativas en un plazo máximo de dos meses.
Con esta decisión, la jurisdicción especial reafirmó su compromiso con las víctimas, garantizando su derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, así como la posibilidad de reconstruir la memoria de los territorios más golpeados por la violencia del conflicto.
Humberto ‘Toto’ Torres




