Se trata de una nueva acusación contra el mandatario peruano, Pedro Castillo. La encargada del proceso es la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, que elevó una denuncia constitucional contra el presidente de izquierda por liderar una supuesta organización criminal en el poder Ejecutivo, también se incluye en la demanda un ítem por tráfico de influencias y complicidad.
En una conferencia virtual la fiscal Benavides indicó: “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
En el recurso acusatorio también se incluye a dos ex ministros de Castillo: Juan Silva, de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, de la cartera de Vivienda. Son acusados de tráfico de influencias y se les considera parte de la supuesta organización criminal dirigida por el presidente.
Cabe resaltar que la acusación que está en el Congreso y que ahora atravesará un proceso de trámites hasta llegar a debatirse en el pleno de este organismo. Por ahora, la demanda tendrá que ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para determinar la procedencia y determinar si será enviada a la Comisión Permanente.
Los periodistas locales esperaron en una sala mientras el primer mandatario peruano atendió a la prensa extranjera e hizo su primera declaración, allí dijo: “Hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado en el Perú (…) Acá estoy y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer, y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer”.
Esa denuncia constitucional tiene especial relevancia en Perú, ya que los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad ante los tribunales.
Esta importante noticia se da a conocer el mismo día en el que la Fiscalía en conjunto con un grupo especial de la Policía, hicieron el allanamiento de las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular, y la vivienda de una hermana del presidente.
Asimismo, el mandatario Castillo durante una actividad pública en el Palacio de Gobierno de Lima expresó: “Hoy se le quiere bajar al Gobierno, hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre”.
Estos seis parlamentarios fueron señalados por la empresaria Karelim López en algunos medios de comunicación. En su declaración, incdicó que los funcionarios coordinaban presuntamente actividades ilegales dentro del Ejecutivo con el primer mandatario a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno.
La bancada de Acción Popular, no obstante, hizo un vehemente rechazo de la vinculación de parte de sus integrantes a esas acusaciones e hizo hincapié de que sus miembros considerados sospechosos habían entregado sus pasaportes, acción que demuestra que no existe intención de fugarse del país.
Importante destacar que el presidente Castillo tiene seis investigaciones de la Fiscalía pendientes, en apenas 15 meses en el cargo. Cinco de ellas son llevadas por la fiscal Benavides y están vinculadas a hechos relacionados a su Gobierno; se destaca que la última está en manos del Ministerio Público de la norteña, región de La Libertad; en esta, es investigado por un aparente plagio en la tesis de máster que realizó junto a la primera dama, Lilia Paredes.
Hasta ahora, el presidente niega todas las acusaciones, asegura que es víctima de un complot que intenta sacarlo de su cargo. La mayoría del parlamento, que es derechista, exige que Catillo dimita; ya se cuentan dos intentos por parte del ente para destituirlo.
Humberto ‘Toto’ Torres