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La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, compartió a través de un video en redes sociales denuncias sobre su seguridad y las amenazas que afirma recibir con frecuencia. Estas denuncias surgieron en medio de su labor investigativa en casos de posible corrupción, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada, entre otros.
Salazar afirmó que los mismos perpetradores del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 (caso que está a su cargo) tenían intención de atentar contra su vida, y que esta amenaza sigue siendo una preocupación actual.
“Creo que es momento de que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una sola persona, éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo”, enfatizó Salazar.
En enero de este año, Salazar hizo pública la denuncia de que la misma organización criminal responsable de la muerte de Villavicencio tiene un plan para acabar con su vida. Desde hace varios meses, el edificio que alberga la Fiscalía General del Estado en Quito ha estado bajo una estricta custodia policial y militar debido a las reiteradas amenazas a la seguridad reportadas por la fiscal Salazar.
De acuerdo con la denuncia de la fiscal, estas amenazas se intensifican especialmente cuando se llevan a cabo operativos contra estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico en Ecuador. Medios internacionales han confirmado la presencia de un perímetro metálico que rodea la Fiscalía diariamente, así como la utilización de vehículos blindados por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Además, se ha desplegado personal de equipos especiales de la fuerza pública para mantener cerradas las vías adyacentes al edificio.
“He perdido la libertad, vivo prácticamente bajo arresto porque tengo alrededor muchas personas que se encuentran 24 horas al día (…) La dinámica familiar ha cambiado, yo no puedo ir a un lugar público, transitar las calles y creo que es un derecho que todos tenemos. Sin embargo, es el precio que tengo que pagar por hacer lo correcto”, dijo Salazar.
Explicó también que ha vivido ataques a través de redes sociales en los últimos años, incluso ha restringido su cuenta de X para evitar seguimientos indeseados. La fiscal Diana Salazar explicó también que, debido a las amenazas, su vida personal es muy compleja.
“Tenemos que lidiar a diario con la violencia política a través de redes y eso nos pasa mucho a las mujeres (…) y más aún con mujeres negras que hemos alcanzado un puesto de alta responsabilidad y decisión (…) Hay que tener pena de esta gente porque solamente habla de la pobreza que tienen en su alma”, agregó.
“El juicio político es una forma de retaliación”, según Diana Salazar
Desde finales de 2023, el correísmo en la Asamblea promueve un juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar por presuntas acciones y omisiones en ciertos casos penales. En estos días, el trámite de juicio político se encuentra en la comisión de fiscalización de la Asamblea y la fiscal considera que es un intento para destituirla y tomarse el sistema de justicia.
“El juicio político es una forma de retaliación por el trabajo que hemos venido desarrollando durante esta administración (…) El país está en juego, la justicia y significaría la toma final de la Fiscalía General del Estado”, advirtió.
Legisladores correístas – afines a la corriente del expresidente Rafael Correa – sostienen que la fiscal debe comparecer y rendir cuentas en la Asamblea. Han rechazado que su intención sea la de ajustar cuentas políticas con la funcionaria.
La fiscal Diana Salazar concluyó en el video publicado este domingo que no aspira a ser candidata presidencial en 2025 y que quiere terminar en abril del próximo año su periodo al frente de la institución pues su prioridad es dedicarse a su familia y recuperar el tiempo que no ha podido ofrecerles.
En hechos más recientes, la fiscal Salazar se retiró de la Asamblea, donde sería interrogada. No obstante, manifestó que estos controles jurisdiccionales no debían realizarse desde el poder ejecutivo, sino que el control procesal se debía hacer únicamente por los jueces.
Adicionalmente, debido a que se enteró de que estaría compareciendo Ronny Aleaga, legislador que está siendo investigado por el caso “Metástasis”, aseguró que no se iba a “prestar para ese show que quieren organizar los políticos, so pena de contaminar la investigación y el caso”.
De acuerdo con medios locales, también otros legisladores se sumaron a la posición de la fiscal y abandonaron la sala, quedando solo correístas para escuchar la comparecencia.
Paola Martínez B.
