La situación de orden público en el Catatumbo se agrava cada día, provocando lo que podría ser la mayor crisis humanitaria en la historia reciente de Norte de Santander. Según la Defensora del Pueblo, Iris Marín, el desplazamiento forzado y los asesinatos en la región están alcanzando cifras alarmantes. “En tan solo cuatro días se reportan 11.000 personas desplazadas y pueden ser muchas más. Los municipios más afectados por esta situación son Teorama, El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y San Calixto”, explicó Marín en un balance reciente.
El panorama es aún más sombrío, ya que la violencia continua en la región incluye secuestros y amenazas a la población civil, que es señalada de colaborar con grupos armados solo por su vínculo familiar o cercano con los mismos. La defensora del Pueblo señaló que entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes de paz, personas de especial protección constitucional, además de niños y niñas. “Hay muchos menores desplazados, bebés confinados o secuestrados, personas con discapacidad, mujeres gestantes, indígenas y personas con necesidades especiales en salud”, añadió.
Los datos proporcionados por la funcionaria revelan una tragedia aún mayor. Las cifras ascienden a 80 muertos, 20 heridos y más de 20 secuestrados, mientras la violencia sigue creciendo. “La responsabilidad de estos hechos puede estar en unas pocas personas, esas pocas personas tienen la posibilidad de parar el sufrimiento generalizado del Catatumbo”, fue el fuerte llamado de Iris Marín a los grupos armados ilegales que operan en la región.
Durante las últimas horas, Marín se reunió con alcaldes del Catatumbo, organizaciones sociales y visitó albergues donde se encuentran los desplazados. En ese espacio, todos los sectores le pidieron que solicitara al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias armadas que respeten el derecho internacional humanitario y cesen los ataques contra la población civil.
“Se solicita en primer lugar fortalecer la respuesta institucional bajo los principios de coordinación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas de la ley 1448 de 2011 y con aplicación reforzada de los principios de concurrencia y subsidiariedad del nivel de la gobernación y el nivel nacional ampliar la capacidad de Medicina legal para atender las necropsias de los cuerpos que se han podido extraer. Protección integral a los alcaldes y los personeros, personeras, alcaldesas”, manifestó la defensora.
En un último llamado, Iris Marín pidió que se permitan el paso de las ayudas humanitarias y se habiliten corredores para permitir la salida de la población que aún permanece confinada, clamando por una solución urgente ante la catástrofe humanitaria que vive el Catatumbo.
Humberto ‘Toto’ Torres