El principal desafío es que los países consoliden un marco legal apropiado que reconozca los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Cruz Roja ha revelado datos alarmantes sobre las desapariciones a nivel mundial. De acuerdo con el organismo, aproximadamente 239.700 personas han desaparecido debido a conflictos armados, violencia, desastres naturales y movimientos migratorios, representando un aumento del 18,6 % en comparación con el año anterior.
En Colombia, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre las antiguas FARC y el Gobierno en 2016, los casos de desaparición en el país siguen siendo recurrentes, debido, entre otros factores, a los conflictos armados internos y a otras situaciones de violencia que afectan a la población civil.
De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016 al 31 de julio de 2024, se han presentado 1.730 nuevos casos de desaparición. Aunque se reconoce que el país cuenta con una estructura institucional robusta, la magnitud y complejidad del problema presentan retos para la búsqueda e identificación forense, así como para la atención de las necesidades de las familias afectadas.
Al cierre de 2023, 65.800 familias de personas desaparecidas habían acudido al servicio ofrecido por el CICR de Restablecimiento del Contacto Familiar (RCF) para solicitar ayuda en el proceso de búsqueda de sus familiares. El CICR logró localizar a más de 16.600 personas, un 21,6 % más que el año anterior, y reunió con sus familias a más de 7.900 personas desaparecidas en el mundo, lo que representaría un 36,7 % más que en 2022, si bien 239.700 siguen figurando como desaparecidas en los registros de la Cruz Roja.
A la luz de lo anterior, el CICR ha venido identificando varios desafíos en esta problemática, como la insuficiente aplicación de parámetros legales efectivos que permitan reconocer explícitamente los derechos de los desaparecidos y sus familias, lo que repercute en la desprotección de las personas afectadas. Además, se señala la ausencia de ratificación de instrumentos internacionales, el subregistro de casos, y la existencia de barreras de acceso a las instituciones responsables del registro. En muchos casos, las familias temen sufrir represalias cuando la desaparición está vinculada a situaciones de violencia armada.
Para mitigar las consecuencias humanitarias de la desaparición de personas, el CICR trabaja en coordinación con los gobiernos para construir políticas y mecanismos capaces de responder a este problema. También ha brindado apoyo a los familiares de las personas desaparecidas, fortaleciendo su capacidad para participar en la búsqueda y en el desarrollo de políticas públicas.
Juan Joya