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El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, confirmó este lunes 1 de septiembre que la entidad procederá a devolver la EPS Sanitas a sus propietarios, el Grupo Keralty, en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional.
Durante su intervención, Rubiano expresó su preocupación por la decisión, al señalar que la entidad aún presenta serias dificultades financieras que ponen en riesgo la atención de sus usuarios. “La Corte Constitucional ha ordenado que se entregue Sanitas a sus dueños, pero quisiera que me explicara cómo es posible devolver una EPS que no cumple con los requisitos técnicos mínimos”, cuestionó.
Asimismo recordó que, de acuerdo con la evaluación realizada por la Superintendencia, Sanitas no cuenta con capital mínimo, patrimonio adecuado ni reservas técnicas de inversión, elementos que considera indispensables para garantizar la prestación del servicio de salud. “Si estas falencias existen, ¿cómo procede la superintendencia a entregar nuevamente una EPS que no cumple?”, añadió. Según él, el fallo constitucional obliga al organismo a acatar la orden bajo advertencia de desacato.
El superintendente también fue enfático en señalar que, a pesar de haber hecho requerimientos técnicos a la Corte para que explicara el alcance de la medida, no ha recibido respuesta alguna. “Hicimos el requerimiento técnico, pero la Corte no nos ha contestado. Sin embargo, tenemos que proceder a la devolución de la EPS a sus dueños extranjeros”, aseguró.
Otro de los puntos que destacó Rubiano es la falta de claridad técnica sobre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), argumento que habría tenido en cuenta la Corte para justificar su orden. “Si la razón es que no se tuvo en cuenta la insuficiencia de la UPC, quisiera que me explicaran de dónde sale esa conclusión, porque nosotros aún no tenemos los datos técnicos necesarios para determinarlo”, señaló, subrayando que la falta de información genera incertidumbre y preocupación en torno al futuro de la EPS.
El funcionario reiteró que la Superintendencia de Salud carece de precedentes que le permitan saber cómo proceder en casos similares, ya sea en la devolución de hospitales públicos o de EPS privadas que incumplen requisitos técnicos. “Yo no tengo la experiencia personal ni institucional de cómo devolver una EPS en estas condiciones, porque no hay soporte técnico que lo respalde”, afirmó.
Finalmente, el superintendente resaltó que la decisión de la alta Corte debe cumplirse, aunque no exista plena claridad sobre sus fundamentos técnicos. No obstante, insistió en que es indispensable que se revisen los criterios con los que se toma una medida de esta magnitud, ya que involucra a millones de afiliados en todo el país. “Es importante que lo sepa el señor ministro y todos los actores del sistema: estamos ante una decisión judicial que obliga a entregar la EPS, aunque persistan las dudas sobre su viabilidad financiera y técnica”, concluyó.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
