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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en su resolución 19/202 en la cual otorga medidas cautelares “a trece autoridades territoriales, líderes sociales y defensores de los derechos étnico-territoriales del Consejo Comunitario de las comunidades negras de La Plata Bahía Málaga, ubicado en Buenaventura, Valle del Cauca”.
La CIDH considera que el consejo comunitario ha sido fuerte y resiste pretensiones de actores armados ilegales que se disputan el control territorial. El 22 de enero de 2024, el organismo denunció que un grupo armado ilegal “intentó tomarse el consejo utilizando fusiles y amenazas de secuestro, regresando el día siguiente con disparos indiscriminados”.
Además de ello, denuncian que los miembros del consejo fueron citados en el mes de febrero a una reunión en un supuesto lugar que era el centro de operaciones del grupo armado en esa región. El organismo señala que el Estado colombiano, a pesar de realizar una misión humanitaria, no adelantó las acciones necesarias para mitigar los factores de riesgo de la población.
Por lo anterior, la CIDH le solicita a Colombia que:
Adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. Se solicita, entre otras, adoptar las medidas que resulten pertinentes para garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad;
Implemente las medidas de protección que sean indispensables para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia;
Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; e
Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Una misión de la ONU que hace seguimiento a los acuerdos de paz entre el gobierno y grupos armados en Colombia presentó en su último informe, el pasado 10 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en que el país tiene que redoblar esfuerzos por colocar a las comunidades vulnerables al margen de la violencia.
JUAN JOYA
