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La gestión de los cementerios distritales de Bogotá atraviesa una profunda crisis tras el cierre parcial de estos recintos, lo que ha afectado la prestación de servicios esenciales como sepulturas y cremaciones. La disputa surge entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el consorcio Jardines de Luz y Paz, operador encargado de los cementerios bajo una modalidad de concesión desde el año 2021.
En diálogo con Colmundo Radio, el concejal de Bogotá Marco Acosta se refirió a sus denuncias del año 2022, donde alertó sobre la deficiente prestación del servicio de los cementerios de Bogotá y la operación de los hornos crematorios en la ciudad.
“La UAESP, desde el año 2021, tiene un contrato de concesión que en su momento buscaba mejorar los diferentes servicios que se prestan. Incluso, habían propuesto ampliar el sistema de hornos crematorios. Desde el periodo pasado nos dimos cuenta de que no solo había un incumplimiento respecto a la ampliación y mejora del servicio de cobertura y, sobre todo, en la infraestructura de los hornos, sino que de manera insistente venían incumpliendo algunos compromisos contractuales, ante lo cual la UAESP únicamente generó algunas sanciones”, aseguró el cabildante.
Sobre el cierre de los cementerios distritales en la ciudad, el concejal declaró: “Hoy lo que vemos es que no solo se viola el derecho que tienen los ciudadanos de visitar a sus seres fallecidos, además de que el operador decidió cerrar las puertas y no seguir con la operación del contrato, sino que no vemos una solución de raíz. Desde el inicio hemos entendido la operación y, sobre todo, un convenio con algunos operadores que no tienen ni siquiera la experiencia debida, de acuerdo al objeto contractual, para prestar este tipo de servicios”.
Como medidas para superar la crisis, el cabildante resaltó: “Lo primero que debe hacer la UAESP es tomar todas las medidas correspondientes para que este tipo de uniones temporales que hace el distrito no estén compuestas por empresas como las que actualmente están operando, entre ellas empresas como, por ejemplo, Inversiones, Proyectos y Obras Civiles o A&M Grupo, que tienen experiencia en obras civiles, pero no en temas funerarios”.
“Lo segundo es que no pueden seguir generando sanciones débiles que dejen a Bogotá en una situación de operación continua durante los años contractuales. Todavía se ve que es precisamente la UAESP la encargada de poner en cintura a estos operadores, para que no sigan burlándose del sufrimiento de los bogotanos. Este viernes propusimos un debate de control político encabezado por la directora de la UAESP, para que le rinda un informe detallado al Concejo de Bogotá sobre los incumplimientos y las acciones que se deben tomar para resolver esta situación de los cementerios en la ciudad”.
De no resolverse la actual contingencia en los cementerios distritales, el concejal advirtió: “El escenario más complejo es que, al no tener la responsabilidad contractual al 100% por parte del operador, no se contarían con los servicios que habitualmente prestan los cementerios, como la visita de las bóvedas o los servicios funerarios al interior de los cementerios. Incluso podría haber un abuso en el uso de la propiedad privada de las bóvedas para otros fines, o se podrían depositar cuerpos de manera arbitraria e ilegal”.
Juan Joya