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Una controversia política se ha desatado en torno a una serie de contratos de publicidad institucional adjudicados por el Gobierno Nacional a la entidad pública RTVC Sistema de Medios Públicos, por un valor que supera los 70.000 millones de pesos, en los días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
La denuncia fue formulada por la representante a la Cámara y candidata al Senado por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, quien calificó la operación como un ejemplo de contratación acelerada y concentrada que, en su criterio, merece investigación por parte de los órganos de control.
Según la información recopilada por la congresista, entre el 26 y el 30 de enero de 2026, el Ejecutivo firmó 16 contratos de publicidad institucional cuyo monto total asciende a 71.893 millones de pesos. De estos, 12 contratos corresponderían a RTVC, que concentró cerca del 90 % de los recursos, es decir, más de 64.000 millones de pesos.
Los contratos fueron adjudicados por diferentes entidades del Gobierno, incluyendo el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Tierras y otros ministerios y agencias, con valores que oscilan entre los cientos de millones y varios miles de millones de pesos.
Miranda ha señalado que el monto y la proximidad temporal de los contratos respecto al inicio de la Ley de Garantías, que limita la contratación estatal en periodos electorales, generan dudas sobre el uso de recursos públicos con fines de promoción política.
La congresista comparó estas cifras con las observadas en la administración del expresidente Iván Duque, cuando en un periodo equivalente la inversión en publicidad institucional a través de RTVC fue cercana a 1.500 millones de pesos, lo que implica un incremento de más del 4.000 % en la actual gestión, según su análisis.
Llamado a los entes de control
Ante la situación, la representante ha anunciado que presentó la denuncia ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se investigue la legalidad, transparencia y eventual utilización de los recursos del Estado.
Desde otros sectores políticos también se han levantado voces críticas. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la imparcialidad de los medios públicos financiados con recursos estatales, mientras que el exministro de Justicia Wilson Ruiz anunció que presentará quejas disciplinarias por supuesta parcialización de la información hacia ciertos actores políticos.
RTVC, que opera medios como Radio Nacional de Colombia y señales de televisión pública, ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de la oposición en diferentes momentos, no solo por la reciente contratación de pauta oficial, sino también por otros contratos polémicos en los últimos años, aunque estos han sido abordados en investigaciones separadas.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni los directivos de RTVC han emitido declaraciones oficiales sobre las denuncias, ni han detallado el objetivo comunicacional de los contratos objetados por la congresista.
Paola Andrea Martínez Burgos
