El conflicto político y judicial en Ecuador se intensifica con una nueva decisión judicial que podría alterar el panorama del poder ejecutivo en el país. Este lunes, la jueza ecuatoriana Nubia Vera revocó la suspensión impuesta por el Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta Verónica Abad, quien había sido sancionada por un presunto “abandono injustificado del trabajo”. La suspensión había surgido debido a la demora de Abad en viajar a Turquía, tras la aceptación por parte del gobierno ecuatoriano de un traslado debido a la situación en Medio Oriente.
La jueza Vera, tras revisar el caso, determinó que la sanción violaba los derechos constitucionales de Abad y el debido proceso. En su fallo, Vera pidió que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofreciera disculpas públicas a la vicepresidenta en un plazo de 72 horas. Además, la jueza destacó que no se habían respetado los procedimientos legales en la suspensión, algo que ha generado un ambiente de creciente tensión entre la justicia y el poder ejecutivo en el país.
Sin embargo, el presidente Daniel Noboa no tardó en responder a la decisión judicial. En un decreto oficial, el mandatario designó a Abad como consejera temporal en la embajada de Turquía, asignándole la misión de colaborar en las relaciones económicas entre Ecuador y el gobierno turco. Según el decreto, Abad deberá viajar a Ankara antes del 22 de diciembre y su misión en Turquía se extenderá hasta el 27 de diciembre de 2024. Esta nueva designación, en medio de la controversia, ha sido interpretada por algunos como un intento de alejar a la vicepresidenta de las funciones presidenciales durante el período electoral que se aproxima.
El origen de la suspensión a Abad se remonta a su presunto incumplimiento de los plazos establecidos para su traslado a Turquía. Sin embargo, la vicepresidenta ha insistido en que cumplió con los plazos permitidos por la ley, lo que ha alimentado las tensiones políticas con el presidente Noboa. Abad ha denunciado públicamente lo que considera un acto de violencia política de género por parte del mandatario, acusándolo de intentar forzar su salida del cargo.
En medio de este conflicto, la jueza Vera, quien emitió la decisión que dejó sin efecto la suspensión de Abad, denunció haber recibido amenazas e intentos de coacción por parte de funcionarios del Gobierno. Vera aseguró que fue presionada para que fallara en favor de la administración, revelando que incluso recibió un “pen drive” con indicaciones sobre cómo debía resolver el caso. La jueza, visiblemente afectada, advirtió que estaba dispuesta a presentar pruebas sobre las amenazas recibidas, lo que ha incrementado la preocupación sobre la independencia judicial en Ecuador.
Este nuevo episodio añade más incertidumbre al ya complicado panorama político en Ecuador, especialmente a medida que se acerca la campaña electoral presidencial de 2025. Mientras tanto, la vicepresidenta Abad se enfrenta a un gobierno que la ha acusado de intentar desestabilizar la administración, mientras que la oposición sigue atenta a los movimientos de ambos actores en esta compleja disputa de poder. ¿Cómo afectará este conflicto la estabilidad política del país en los próximos meses? Solo el tiempo lo dirá.
Humberto ‘Toto’ Torres