Juez ordena arresto de la gobernadora del Tolima por desacato a una acción de tutela

¿Incumplimiento intencional o resultado de una interpretación diferente del fallo?

El Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Chaparral, Tolima, emitió una orden de arresto contra la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, y el secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya, por desacatar un fallo de tutela que ordenaba la reubicación de la docente Diana Magaly Muñiz. La medida contempla dos días de detención para ambos funcionarios y una multa de 2.000 salarios mínimos legales vigentes.

Este caso se remonta a la demanda presentada por Muñiz, una docente adscrita a la Institución Educativa Risalda, sede Chontaduro, en el municipio de Chaparral. Ella había obtenido su cargo mediante un concurso especial para las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), cuyo compromiso exigía permanecer en la institución por un período mínimo de diez años. Sin embargo, tras asumir su puesto, Muñiz alegó que la escuela donde trabajaba no ofrecía las condiciones necesarias para el acceso a la salud y educación de sus hijas menores.

Ante esta situación, presentó una acción de tutela solicitando ser trasladada al casco urbano de Chaparral, para garantizar el bienestar de su familia. El juzgado falló a su favor, ordenando que la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Educación cumplieran con el traslado de la docente a la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, en el casco urbano. Sin embargo, de acuerdo con el tribunal, los funcionarios no acataron el fallo dentro del plazo estipulado, lo que derivó en el proceso por desacato que llevó a la sanción judicial.

Desde la Gobernación han expresado su posición sobre el proceso, señalando que han tomado medidas para acercar a la docente a una sede educativa que le permita acceso más rápido a los servicios de salud del municipio. Según el secretario de Educación, la intención siempre fue cumplir con la sentencia judicial, pero sostienen que los docentes PDET aceptaron la permanencia obligatoria en la ruralidad, razón por la cual su traslado se consideró una medida excepcional.

El secretario Bedoya explicó que la docente concursó bajo la condición de permanecer por al menos diez años en la zona rural del municipio, y que la Secretaría de Educación, en un intento de ajustar la decisión judicial, reubicó a la profesora en una sede educativa más cercana dentro de la Institución Educativa Risalda. Sin embargo, el juzgado determinó que este cambio no cumplía con los requisitos establecidos en el fallo de tutela, ya que la docente debía ser reubicada específicamente en una institución del casco urbano.

Conozca el comunicado oficial aquí: https://tolima.gov.co/noticias/8165-docentes-que-concursaron-para-municipios-pdet-se-comprometieron-a-estar-por-lo-menos-10-anos-en-las-instituciones-donde-fueron-asignados-secretario-de-educacion-del-tolima

La orden de arresto suscitó un debate en el ámbito educativo y judicial sobre el cumplimiento de las normas y la protección de los derechos fundamentales. Mientras algunos sectores sostienen que la medida contra la gobernadora y el secretario de Educación es un llamado de atención para garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales, otro sector considera que el traslado de la docente debería ser analizado con mayor flexibilidad, teniendo en cuenta la complejidad de las disposiciones que regulan el concurso PDET.

Por su parte, desde la administración departamental aseguran que acatarán la decisión judicial en su totalidad y procederán con la reubicación de la docente en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, tal como lo exige el juzgado. Se espera que la resolución oficial de reubicación sea emitida en los próximos días, para evitar la ejecución de la orden de detención en contra de los funcionarios.

Juan Joya