Juez legaliza capturas por presunta corrupción en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército

La juez 131 de garantías de Bogotá legalizó la captura de tres personas señaladas de participar en una presunta red de corrupción que habría derivado en el incumplimiento del contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, un proceso que mantiene en vilo la operatividad aérea militar y que ya tiene alcance internacional.

Las detenciones se produjeron el 16 de diciembre, cuando la Fiscalía capturó a Hugo Mora Tamayo, funcionario de la Secretaría del Ministerio de Defensa; a Diego Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, y al coronel Julián Rincón, oficial activo del Ejército. Las capturas se realizaron en Manizales, Bogotá y la base militar de Tolemaida, respectivamente, y todos fueron presentados ante la juez de garantías.

Para el avance del proceso penal, la Fiscalía tramita ante Interpol una circular roja con el fin de hacer efectivas otras dos órdenes de captura internacionales, dirigidas contra el colombiano Carlos Martín Uribe Forero, representante de la empresa MI-Series Personnel & Parts, y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie, quienes también estarían implicados en los hechos investigados.

Durante la audiencia, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los capturados los delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación, al considerar que habrían actuado de manera conjunta y concertada. El ente acusador solicitó, además, medida de aseguramiento privativa de la libertad, al estimar que existió coautoría en la comisión de las conductas.

La diligencia judicial se desarrolló de manera virtual, el mismo día en que la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública abrió una indagación disciplinaria con el objetivo de identificar posibles responsables por las irregularidades detectadas en el contrato de mantenimiento de los helicópteros. El ente de control puso la lupa sobre el papel del coronel Julián Rincón, quien, como comandante de la Brigada de Aviación 32, tenía bajo su responsabilidad la supervisión y gestión de la flota en el hangar de Tolemaida.

La Procuraduría también busca esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se firmó el contrato No. 012 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol System, encargada del mantenimiento de las aeronaves. A esta compañía, la cartera de seguridad le impuso una multa de 8,9 millones de dólares por los incumplimientos detectados durante la ejecución del acuerdo.

Según el Ministerio Público, la indagación apunta a verificar si hubo omisiones en el cumplimiento de funciones por parte de servidores públicos, civiles o militares, que podrían configurar faltas disciplinarias. Para ello, se anunciaron inspecciones al Ministerio de Defensa y a la Brigada 32, como parte de la recolección probatoria.

Una vez se consolide la información relacionada con los convenios y contratos de adquisición y mantenimiento de los MI-17, en sus fases precontractual, contractual y de ejecución, la Procuraduría definirá la formulación de cargos contra quienes resultarían comprometidos en el caso, que sigue sumando aristas administrativas, disciplinarias y penales.

El contrato de mantenimiento de los MI-17 permanece bajo estricta vigilancia de las autoridades, luego de que el Ministerio de Defensa girara un anticipo de 16,2 millones de dólares y, tras la caducidad del contrato el 15 de noviembre, se evidenciara una baja ejecución. Informes de supervisión y auditoría ya advertían sobre estas fallas antes de la terminación.

La cartera de Defensa, encabezada por el general en retiro Pedro Sánchez, había documentado desde agosto incumplimientos reiterados, entre ellos la no entrega de documentación exigida y la falta de ejecución de obligaciones técnicas contempladas en los anexos contractuales. En la práctica, tres helicópteros quedaron pendientes de mantenimiento integral, mientras otros tres solo recibieron intervenciones parciales que extendían su operación por pocos meses.

Como consecuencia, la mitad de la flota permanece en tierra, y existe el riesgo de que la otra mitad también quede fuera de operación si no se realizan los trabajos pendientes. A este panorama se sumó la advertencia de la Contraloría General, que en octubre alertó sobre una alta probabilidad de detrimento patrimonial, ante la dificultad de recuperar el anticipo entregado al contratista.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ha recibido bienes por cerca de 2,6 millones de dólares como parte del proceso de devolución, una cifra que dista significativamente del monto inicialmente desembolsado y que mantiene abierto un caso que compromete recursos públicos, capacidad operativa militar y la responsabilidad de altos funcionarios.

Humberto ‘Toto’ Torres