Judicializaron a cuatro presuntos delincuentes de una red criminal de documentos ilegales

Por medio de una investigación, la Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro presuntos integrantes de una red criminal que adquirían documentos ilegales. Según el material probatorio, los delincuentes cobraban alrededor de 8 a 26 millones de pesos por certificaciones, actas, informes y diplomas de bachiller y carreras universitarias y técnicas.

Por su parte, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción judicializa a Héctor Martínez Palomino, Juan Guillermo Benavides Castañeda, Luz Marina Amaya Cruz y Norberto Herrera, funcionarios del Ministerio de Trabajo y ex contratista de la Gobernación del departamento de Risaralda.

La Fiscalía General de la Nación reiteró, “En la investigación se estableció que, al parecer, cumplían diferentes roles ilícitos como ubicar posibles ´clientes´, contactar trabajadores de centros educativos privados o públicos, y gestionar la modificación de bases de datos y registros para que fueran incluidos como egresados personas que nunca estuvieron inscritas ni asistieron a clases en los colegios o universidades que expedían los títulos”.

De esta manera la Fiscalía obtuvo varios eventos relacionados con documentación ilegal en varias partes del país. Entre los informes destacados se detectó que habrían entregado varias libretas militares, títulos universitarios de enfermería, trabajo social y certificados de medicina alternativa. En la recolección de evidencia, se diagnosticó que las actividades que realizaban los criminales exigían alrededor del 10% del pago asignado.

“Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red los delitos de concierto para delinquir y obtención de documento público falso. Adicionalmente, a Luz Marina Amaya Cruz se le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados. Por disposición de una juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia”, determinó la entidad investigadora.

Escrito Catalina Hurtado Ladino