Jota Pe Hernández propone megacárcel como “solución definitiva” a la crisis penitenciaria en Colombia

En medio de su aspiración a la Presidencia de Colombia en 2026, el senador Jonathan Hernández Pulido, conocido como Jota Pe Hernández y perteneciente al Partido Verde, presentó un ambicioso proyecto que califica como la “solución definitiva” a la crisis carcelaria del país: la construcción de una megacárcel que sería, según sus palabras, “la más grande del continente americano”.

A través de su cuenta de X, el congresista compartió un video explicativo sobre su iniciativa, denominada simplemente “La prisión”. La propuesta se inscribe en su discurso reiterado de mano dura contra el crimen y busca transformar radicalmente el sistema penitenciario colombiano.

“Los bandidos en Colombia no pueden seguir de fiesta, vamos con mano dura a resocializarlos. Serán perseguidos, capturados y los que se resistan, dados de baja”, escribió Hernández, acompañado de un video en el que detalla las características técnicas y de seguridad del proyecto.

https://twitter.com/JotaPeHernandez/status/1920634170637693228

En el video, el senador contextualiza la situación actual del sistema carcelario, señalando que en Colombia hay 104.272 personas privadas de la libertad en 126 centros de reclusión, cuya capacidad máxima es de 82.052 internos. Esto representa un hacinamiento del 27 %, es decir, 22.220 reclusos por encima del límite.

“Esto impide ejercer un control efectivo y convierte las cárceles en centros donde se perpetúan delitos como extorsión, tráfico de armas y drogas”, afirmó.

Asimismo, la propuesta contempla la construcción de un complejo penitenciario con 17 pabellones, de los cuales 12 estarían destinados al encarcelamiento de hasta 56.700 internos. Cada pabellón tendría 40 celdas de 150 metros cuadrados, con capacidad para 120 reclusos organizados en camarotes distribuidos en cinco niveles.

La vigilancia estaría a cargo de una guardia militar penitenciaria con presencia constante. Además, se implementarían inhibidores de señal con un alcance de 10 kilómetros para evitar comunicaciones no autorizadas, y se construirían infraestructuras que harían imposible la excavación de túneles.

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto es la eliminación del contacto físico entre los internos y sus visitantes. Las visitas serían supervisadas y separadas por un vidrio de seguridad, con comunicación restringida a medios tecnológicos monitoreados por la guardia.

“Todas las conversaciones serán escuchadas por la guardia militar. Así se rompen los lazos con organizaciones criminales externas”, sostuvo Hernández.

También explicó que los cinco pabellones restantes estarían destinados a labores de resocialización y al funcionamiento de la guardia. Cuatro de ellos permitirían el trabajo productivo de 12.000 internos, mientras que el pabellón central albergaría instalaciones para la seguridad, control y logística del penal.

La prisión se ubicaría en un terreno de 167 hectáreas, de las cuales 37 serían ocupadas por la infraestructura. El acceso estaría protegido por siete filtros de seguridad y un perímetro reforzado con tres muros de 12 metros de altura más dos metros de malla.

El senador estima que la obra costaría 500.000 millones de pesos, el equivalente al 0,1 % del presupuesto nacional. “Tenemos el terreno, el dinero y, lo que siempre ha faltado, la voluntad política. Conmigo no va a faltar”, enfatizó.La prisión se ubicaría en un terreno de 167 hectáreas, de las cuales 37 serían ocupadas por la infraestructura. El acceso estaría protegido por siete filtros de seguridad y un perímetro reforzado con tres muros de 12 metros de altura más dos metros de malla.

El senador estima que la obra costaría 500.000 millones de pesos, el equivalente al 0,1 % del presupuesto nacional. “Tenemos el terreno, el dinero y, lo que siempre ha faltado, la voluntad política. Conmigo no va a faltar”, enfatizó.

El modelo propuesto por Hernández guarda similitudes con la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Aunque esta estrategia ha sido elogiada por sus resultados en seguridad, también ha recibido críticas por posibles violaciones a los derechos humanos.

Paola Martínez Burgos