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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al río Magdalena como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos en el marco del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares, terceros civiles u otros agentes del Estado.
Esta decisión responde a la solicitud de acreditación presentada el 5 de diciembre de 2024 por varias organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Unión Sindical Obrera (USO), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de víctimas ante la JEP.
Las organizaciones denunciaron múltiples afectaciones sufridas por el río a raíz del conflicto: desapariciones forzadas, contaminación por hidrocarburos derivados de atentados a la infraestructura petrolera, uso de glifosato, vertimientos de desechos tóxicos por minería ilegal y alteraciones en el cauce natural del río. También se evidenció la ruptura del tejido social en comunidades ribereñas, que históricamente han vivido del río y lo han protegido.
Los testimonios recabados muestran cómo las poblaciones ribereñas se vieron forzadas a presenciar, sin poder intervenir, la utilización del río como fosa común. “Ver los cuerpos bajar por el río sin poder recogerlos por miedo a represalias se convirtió en una escena cotidiana”, relataron víctimas ante la JEP.
Estas afectaciones ya habían sido reconocidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad que ha registrado al menos 320 cuerpos recuperados en el Magdalena desde 1982. No obstante, la cifra real sería mucho mayor. “El río fue utilizado para desaparecer de forma permanente a las víctimas del conflicto armado”, señala el CNMH, que resalta una alta incidencia de estos crímenes entre los años 2000 y 2004.
En la sentencia contra Ramón María Isaza Arango y 59 miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), el Tribunal Superior de Bogotá identificó al menos nueve usos dados al río por los paramilitares, entre ellos, como medio para desaparecer evidencia, zona de castigo, control territorial y lugar de tortura y violencia sexual.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP considera que esta acreditación judicial cumple con el deber constitucional e internacional del Estado colombiano de proteger el medio ambiente y los recursos naturales como entes con derechos. “Este reconocimiento responde a la obligación de adoptar medidas de protección, conservación, restauración y no repetición frente a la Naturaleza”, afirmó la JEP.
Este no es el primer caso en que la JEP reconoce a un elemento natural como víctima. En 2019, mediante el Auto SRVBIT-079, reconoció a los territorios ancestrales del pueblo Awá como sujetos de derechos y víctimas del conflicto. Y en 2023, a través del Auto 226, declaró al río Cauca como víctima dentro del Caso 05, por las afectaciones sufridas en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
Según la JEP, los entes naturales pueden ser titulares de derechos constitucionales, tener vínculos jurídicos con comunidades humanas y contar con representación judicial para reclamar reparación y medidas de no repetición. Así, la personalidad jurídica en Colombia no se limita a personas naturales o jurídicas tradicionales.
El Subcaso Magdalena Medio del Caso 08
El Caso 08 de la JEP investiga la violencia ejercida por agentes del Estado y paramilitares en cinco regiones críticas del país, priorizadas por la gravedad de los hechos, su impacto diferenciado y la representatividad de los responsables. Estas regiones son: el Gran Magdalena, los Montes de María, la zona del Ariari y Guaviare, Antioquia y el Magdalena Medio.
En este contexto, el Subcaso Magdalena Medio ha documentado crímenes cometidos principalmente entre 1998 y 2001 en Barrancabermeja por las Autodefensas Campesinas de Santander y Cesar (Ausac) y el Bloque Central Bolívar (BCB). La JEP investiga posibles actos de omisión, complicidad o participación directa de integrantes de la fuerza pública y de funcionarios o contratistas de Ecopetrol en masacres y otros hechos atroces.
Hasta la fecha, se han acreditado 343 víctimas en este subcaso, entre ellas siete sujetos colectivos, incluidos Credhos, la USO, la ACVC y comunidades como el Comité de Reparación del corregimiento de Ciénaga del Opón.
La sala ha practicado 25 versiones voluntarias y declaraciones juradas, y ha recibido 48 informes de víctimas y entidades estatales. “La toma paramilitar de Barrancabermeja dejó una huella imborrable en el Magdalena Medio y su afluente más importante, el río Magdalena, que hoy es reconocido como víctima de esa tragedia”, concluyó la magistratura.
