La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se reunió con varias entidades del Estado para verificar las las implosiones de las sanciones realizadas a los comparecientes, que han reconocido su responsabilidad y aportaron a la verdad en el caso 01 que investiga los secuestros de las a Farc – EP y el caso 03, relacionado con los ‘falsos positivos’ según la Sección de Primera Instancia de la JEP.
Por su parte, los magistrados de la entidad que hicieron parte de la discusión fueron: Ana Manuela Ochoa, Juan Ramón Martínez Vargas, Roberto Vidal, Camilo Suárez y Zoraida Anyul Chalela, quienes llevaron a cabo las diligencias para el diálogo y análisis de las responsabilidades que solicitó la JEP a la oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
“No solo nos limitamos a dictar decisiones, éstas deben ser eficaces, cumplibles y realizables. Que satisfagan los derechos de las víctimas pero que también permitan la reintegración de los comparecientes. Que se basen en las lógicas de un mejor país y contribuyan a los esfuerzos de paz (…) se activó en la JEP y la necesidad de sincronizar la arquitectura institucional.”, reiteraron los magistrados de la JEP.
Entre las investigaciones, se solicitó al Ministerio de Defensa Nacional, informar acerca de las políticas generales de las restricciones efectivas de la libertad para agentes del estado. Además, a los ministerios de Agricultura, Desarrollo Rural, al del Interior, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se requirieron las sanciones de las políticas públicas de los proyectos de Trabajos y Obras, entre otras entidades.
La Jurisdicción determinó que: “La sección adoptó el 14 de abril de 2020 los lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras o Actividades con contenido Reparador y Restaurador (TOAR) que desarrollarán los comparecientes sometidos ante la JEP. Es esta instancia, que integra junto a otras tres el Tribunal para la Paz de la JEP, la que diseñará e impondrá las sanciones propias a los imputados.
Escrito por Catalina Hurtado Ladino