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La Jurisdicción Especial para la Paz dejó en firme las sanciones impuestas a 12 exintegrantes de la Fuerza Pública que reconocieron su responsabilidad en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas fraudulentamente como bajas en combate en el Batallón La Popa, ubicado en la región Caribe. La decisión fue adoptada en segunda y última instancia, consolidando una de las sentencias más relevantes dentro del proceso de justicia transicional en Colombia.
Los exmilitares, quienes ya venían cumpliendo sanciones restaurativas desde hace varios meses, fueron hallados responsables de crímenes relacionados con los denominados “falsos positivos”, una práctica que dejó cientos de víctimas en distintas regiones del país y que ha sido catalogada como una de las violaciones más graves a los derechos humanos durante el conflicto armado.
El magistrado Rodolfo Arango, integrante de la Sección de Apelación, explicó que la decisión ratifica las sanciones propias impuestas a quienes aportaron verdad plena y aceptaron su participación en homicidios y desapariciones forzadas que posteriormente fueron reportadas como resultados operacionales de combate.
Según información revelada por la emisora W Radio, la Sección de Apelación actuó como órgano de cierre dentro de la jurisdicción y concluyó que los comparecientes cumplieron con los requisitos exigidos para acceder a las sanciones restaurativas previstas por el sistema de justicia transicional.
JEP resolvió 19 apelaciones y confirmó la sentencia
La decisión judicial resolvió un total de 19 recursos de apelación presentados por los comparecientes y diferentes entidades estatales, recursos que buscaban modificar aspectos de la sentencia emitida por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en septiembre del año pasado.
Tras analizar cada uno de los argumentos, la Sección de Apelación decidió mantener la esencia del fallo y confirmar las sanciones contra los exmilitares considerados responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además, la JEP anunció que la ejecución formal de las sanciones restaurativas continuará bajo un estricto esquema de verificación y monitoreo permanente, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas.
Ejecutores e integrantes de mandos intermedios también son máximos responsables
Uno de los puntos más relevantes de la decisión es que la JEP reafirmó que los integrantes de mandos intermedios e incluso quienes participaron directamente en la ejecución de los crímenes pueden ser considerados máximos responsables, siempre que su intervención haya sido esencial para la comisión de los hechos.
La Sección de Apelación concluyó que la responsabilidad no depende exclusivamente del rango militar ocupado, sino del papel desempeñado dentro de la estructura que permitió la ejecución sistemática de los crímenes investigados.
Esta interpretación fortalece la línea jurisprudencial de la jurisdicción especial y amplía el alcance de las responsabilidades dentro de los casos más graves relacionados con el conflicto armado colombiano.
Construirán mausoleo para honrar a las víctimas
Como parte de las medidas restaurativas impuestas, los comparecientes deberán desarrollar proyectos enfocados en la reparación simbólica y la dignificación de las víctimas y sus familias.
La primera de estas iniciativas será la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Santo Ecce Homo de Valledupar. La obra hará parte de un plan integral de memoria histórica diseñado para la región Caribe, donde ocurrieron gran parte de los hechos investigados.
El proyecto busca contribuir al reconocimiento de las víctimas y garantizar espacios permanentes de recordación que permitan preservar la memoria de lo ocurrido durante el conflicto.
JEP revocó dos delitos incluidos en la sentencia
Aunque confirmó la mayoría de las decisiones adoptadas previamente, la Sección de Apelación revocó la condena relacionada con los delitos internacionales de persecución y tortura, al considerar que dichas conductas fueron incorporadas sin cumplir los procedimientos establecidos por la normativa aplicable.
No obstante, esta modificación no altera la responsabilidad principal de los comparecientes por homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad asociados al caso.
Con esta determinación, la JEP dejó definitivamente en firme las sanciones contra 12 exintegrantes de la Fuerza Pública considerados máximos responsables de algunos de los casos más graves de falsos positivos registrados en la Costa Caribe, consolidando un nuevo avance en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición impulsados por la jurisdicción especial.
Sala Digital Colmundo
