La adopción de protocolos técnicos tiene como objetivo asegurar que se haga de manera efectiva la búsqueda, identificación, recuperación y entrega digna de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo de este proyecto. La orden fue dada por los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del Canal del Dique.
La JEP informó que esta determinación fue adoptada en el marco del trámite de unas medidas cautelares sobre el Canal del Dique, donde, se estableció por un estudio del Grupo de Análisis de la Información que habrían ocurrido más de 9.600 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015.
Estas desapariciones habrían ocurrido en un total de 121 puntos detectados, según testimonios de ex paramilitares como Uber Bánquez, alias Juancho Dique.
De igual forma, los magistrados negaron la petición realizada por el colectivo de víctimas ‘La Ruta del Cimarronaje’ que buscaba la suspensión del proceso de licitación del proyecto ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’.
Los magistrados aseguran que es importante responder a la preocupación por el riesgo “que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al canal”.
La JEP recordó que el pasado 14 de julio convocó a una audiencia pública para los próximos 21 y 22 de octubre en Cartagena, con la intención de escuchar a las comunidades que se vieron afectadas, a los expertos, y a las autoridades competentes para evaluar las medidas de protección y recuperación de los cuerpos en medio del proceso de licitación del Canal del Dique.
Escrito por Humberto ‘Toto’ Torres