JEP imputa crímenes de lesa humanidad a generales y oficiales del Ejército por 442 falsos positivos en Antioquia

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales, antiguos miembros de la Brigada IV del Ejército Nacional, por su responsabilidad en 442 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007.

Altos mandos señalados como responsables

Los generales en retiro del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes se desempeñaron como comandantes y jefe de operaciones de la Brigada IV en ese periodo, fueron hallados como los máximos responsables de implementar una política de facto de “conteo de cuerpos”.

Según la JEP, esta estrategia criminal buscaba inflar los resultados operacionales mediante el asesinato y desaparición forzada de civiles, presentándolos como bajas en combate.

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Junto a los generales, fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones, quienes participaron en la ejecución y encubrimiento de estos crímenes. Además, se acusó a dos civiles que formaban parte de una red criminal encargada de reclutar víctimas para ser entregadas a las tropas a cambio de dinero.

Torturas y presiones dentro del Ejército

Por primera vez en una imputación por ‘falsos positivos’, la JEP confirmó la comisión de actos de tortura en 22 casos, afectando a 41 víctimas. Muchas de ellas eran campesinos del Oriente Antioqueño, acusados arbitrariamente de pertenecer a grupos guerrilleros.

De acuerdo con el tribunal, estas personas fueron torturadas para obligarlas a entregar información, armas o delatar supuestos miembros de la guerrilla.

La política de “conteo de cuerpos” presionaba a los soldados para reportar el mayor número de bajas. A cambio, los altos mandos otorgaban incentivos, como permisos, condecoraciones y ascensos, mientras que los militares que no cumplían con las exigencias eran objeto de amenazas y represalias.

Este esquema fomentó una competencia interna dentro del Ejército por presentar más muertes como resultado de operaciones militares, incluso cuando las guerrillas ya habían sido replegadas y los grupos paramilitares desmovilizados.

JEP avanza en el esclarecimiento de los falsos positivos

Este es el séptimo Auto de Determinación de Hechos y Conductas dentro del Caso 03, que investiga los falsos positivos en Colombia. La JEP ya ha documentado este patrón criminal en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño (2002-2003).

El tribunal ahora se enfocará en determinar responsabilidades a nivel nacional, con el objetivo de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y resolver la situación jurídica de más de 4.000 militares acogidos a la jurisdicción especial.

Con esta nueva imputación, la JEP sigue avanzando en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, mientras las víctimas y sus familias esperan que los responsables reconozcan la verdad y enfrenten las consecuencias de sus acciones.

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