JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 exintegrantes de las Farc-EP por graves violaciones en Cauca y Valle del Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de las extintas Farc-EP, señalados de cometer graves violaciones en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Este caso, conocido como Caso 05, es uno de los procesos con mayor número de víctimas acreditadas: más de 200.000 personas y 138 organizaciones.

Los acusados y su responsabilidad

Entre los imputados figuran un exintegrante del secretariado de las Farc-EP y antiguos mandos pertenecientes a estructuras como el Bloque Occidental, el Bloque Móvil Arturo Ruíz, el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP señaló que “los hoy comparecientes son señalados como máximos responsables de conductas que causaron un grave impacto en diversas comunidades de la región”. Esta imputación constituye el segundo acto formal dentro del Caso 05, que investiga la situación territorial de la zona y ha involucrado a miles de víctimas, incluyendo organizaciones étnicas y campesinas.

Patrones macrocriminales identificados

El análisis de la JEP evidenció nueve patrones macrocriminales, entre los que se destacan:

Ataques directos a la población civil.

Reclutamiento de menores.

Uso de minas antipersonal, que obstaculizaron la vida cotidiana en resguardos indígenas y territorios afrodescendientes.

Además, se documentaron daños al medio ambiente y a la cultura de estas comunidades, calificados como “otros actos inhumanos” en el marco de los crímenes de lesa humanidad.

Impacto en las comunidades

Las afectaciones no se limitaron al plano individual. Organizaciones indígenas y afrodescendientes expusieron ante la JEP cómo las dinámicas de la confrontación generaron:

Desplazamientos masivos.

Pérdida de liderazgo en cabildos y consejos comunitarios.

Restricciones a la movilidad, que acabaron con la producción agrícola y la caza de subsistencia.

En una de las audiencias, las víctimas señalaron que “todas estas situaciones perjudicaron de forma grave los territorios ancestrales, la autonomía y el ejercicio de la justicia propia”.

Proceso de reparación y justicia

La JEP ha emprendido acciones restaurativas para reparar los tejidos sociales afectados, con apoyo de instituciones como el Ministerio de Justicia, la Unidad para las Víctimas y la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

Una vez notificado el auto de imputación, los comparecientes tendrán 30 días hábiles para pronunciarse. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, se programará una Audiencia de Reconocimiento ante la misma sala. Posteriormente, se emitirá una Resolución de Conclusiones y el proceso pasará a la Sección de Reconocimiento de la JEP, que definirá las sanciones y trabajos restaurativos.

En caso de que los imputados rechacen las imputaciones, la causa será remitida a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para abrir una ruta procesal de juzgamiento.

Un paso hacia la verdad y la reparación

Este caso representa un avance significativo en la búsqueda de justicia y reparación para las miles de víctimas afectadas por el conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. La JEP continúa trabajando para garantizar que se esclarezcan los hechos, se reconozca la verdad y se reparen los daños causados a las comunidades.

Este proceso judicial no solo busca sancionar a los responsables, sino también reconstruir el tejido social y garantizar que hechos como estos no se repitan en el futuro. La imputación a estos 12 exintegrantes de las Farc-EP marca un hito en el camino hacia la paz y la reconciliación en Colombia

Sala Digital Colmundo