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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó para este 20 y 21 de noviembre a una audiencia pública al general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, con el fin de determinar si incumplió el régimen de condicionalidad al no entregar verdad suficiente. La sala deberá decidir si lo expulsa o no del tribunal transicional.
Según los magistrados, el oficial en retiro no ha aportado información relevante sobre hechos que, por su rango y funciones, están directamente ligados a su tiempo en la Fuerza Pública. El señalamiento se centra especialmente en su periodo como comandante del Gaula de Antioquia entre 1997 y 2001, etapa en la que se habrían registrado graves violaciones a los derechos humanos.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas abrió en marzo pasado un incidente de incumplimiento tras analizar los aportes del general Santoyo frente a varios delitos cometidos durante esos años. Entre los hechos que requieren esclarecimiento está la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en octubre de 2000 en Medellín.
Nueva prueba admitida por la JEP
En el marco del proceso, la JEP aceptó como prueba sobreviniente la documentación presentada por la defensa del oficial, que acredita su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Por ello, el tribunal solicitó a esa entidad informar si dichos aportes fueron suficientes y útiles para el esclarecimiento de los hechos.
Los magistrados recordaron que “una prueba sobreviniente solo puede admitirse cuando se trata de un elemento con suficiente relevancia que no pudo conocerse antes”, y cuya ausencia pudiera afectar el derecho a la defensa o la integridad del proceso. Precisaron que esta incorporación no implica reabrir el periodo de pruebas, sino permitir nuevas evidencias únicamente cuando sean indispensables para resolver el caso.
Análisis de contexto sobre violencia en Medellín
La JEP también requirió al Grupo de Análisis de la Información elaborar un informe de contexto sobre la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas en Medellín entre 1999 y 2001. Ese documento permitirá contrastar los aportes del general retirado y verificar su coherencia con los hechos documentados por organismos judiciales y de derechos humanos.
Audiencia con participación de víctimas
La audiencia contará con la presencia del general Santoyo, su defensa, la víctima reconocida en el proceso, Adriana Patricia Quintero Úsuga, su representación judicial y un delegado de la Procuraduría. El tribunal destacó que estas diligencias permiten evaluar con rigor si el compareciente ha cumplido las condiciones pactadas para mantenerse en la JEP.
Con esta decisión, los magistrados reiteraron que la jurisdicción especial mantiene un seguimiento estricto a los compromisos asumidos por quienes buscan beneficios judiciales, y que el proceso busca garantizar plenamente los derechos de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad.
Humberto ‘Toto’ Torres
