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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, tras hallarlo responsable como determinador de al menos 72 falsos positivos ocurridos en Cesar y La Guajira. Se trata del primer oficial del Ejército sentenciado en un juicio adversarial por el alto tribunal, un hecho sin precedentes en la justicia transicional colombiana.
El fallo marca un giro definitivo en la trayectoria de uno de los militares más condecorados del país, cuya carrera se proyectaba en ascenso hasta su salida del Ejército en 2007, ordenada por el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Las acusaciones incluían alianzas con grupos paramilitares y ejecuciones extrajudiciales, en las que civiles eran presentados como bajas en combate, según lo expuesto durante el proceso.
Durante el juicio, Mejía nunca aceptó responsabilidad. Ante la JEP se declaró inocente de los crímenes, que comprenden asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos, cometidos entre 2002 y 2005. Su defensa sostuvo que fue víctima de falsos testimonios y que sus operaciones se ajustaron a la legalidad.
El contraste con la percepción institucional de la época fue subrayado en audiencia. “Era visto como el mejor oficial del Ejército Nacional”, afirmó el fiscal Samuel Serrano, de la Unidad de Investigación y Acusación, al describir cómo, en ese periodo, el desempeño del entonces coronel era elogiado por sus resultados operacionales.
La JEP concluyó que Mejía lideró un esquema para inflar resultados militares y escalar dentro de la institución, lo que derivó en violaciones graves a los derechos humanos. La condena impuesta es la más alta dictada por la justicia transicional, un mensaje claro sobre las consecuencias de no reconocer responsabilidad ni aportar verdad plena.
El fallo también evidenció un contraste con otros integrantes del Batallón La Popa. Quienes reconocieron su participación en más de 135 falsos positivos recibieron, el 18 de septiembre, ocho años de sanción restaurativa, en línea con los beneficios del sistema para quienes aportan verdad y reparación.
Lo clave del caso es que la sentencia pone a prueba la capacidad sancionatoria y los tiempos de la JEP, y sienta un precedente para eventuales juicios contra otros altos oficiales, entre ellos Mario Montoya o Rito Alejo del Río, que podrían enfrentar procesos similares en el marco de la justicia transicional.
Humberto ‘Toto’ Torres
