
“La democracia no se sostiene en el miedo”: Cepeda exige a las autoridades blindar el proceso electoral
2 marzo, 2026
Elecciones 8 de marzo: Gobierno alerta riesgos de seguridad en 108 municipios del país
3 marzo, 2026¿Por qué los crímenes cometidos hace casi tres décadas siguen alcanzando a los exjefes guerrilleros?
En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía, un juez penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, a 37 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con el crimen de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo (Antioquia), el 2 de julio de 1997, y la retención ilegal de otro militar que permaneció en cautiverio durante seis años.
Según la decisión judicial, al momento de los hechos el hoy condenado hacía parte del secretariado de las FARC–EP y se desempeñaba como máximo cabecilla del bloque noroccidental de esa organización insurgente. La investigación estableció que la acción armada fue ejecutada en desarrollo de operaciones guerrilleras en esa región del Urabá antioqueño, en un contexto de confrontación abierta con la Fuerza Pública.
Las víctimas mortales fueron el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte, los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz y el enfermero militar Fabio Pineda Serna, todos adscritos a la Brigada XVII del Ejército. En el mismo episodio fue privado de la libertad otro uniformado, quien fue trasladado a campamentos guerrilleros y permaneció secuestrado durante seis años antes de recuperar su libertad.
La Fiscalía sostuvo que la responsabilidad penal de alias Iván Márquez se fundamentó en su posición de mando dentro de la estructura armada y en su capacidad de decisión sobre las acciones desplegadas por el bloque bajo su control. El fallo concluyó que los delitos cometidos afectaron bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional humanitario, al tratarse de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado.
Esta condena se suma a otras sentencias que pesan sobre el exjefe guerrillero por hechos ocurridos durante el conflicto. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 41 años de prisión por su responsabilidad en la toma de Roncesvalles (Tolima) en julio de 2000, donde murieron un civil y 13 policías. También registra fallos de 40 y 44 años por secuestro y homicidio de miembros del Ejército, además de múltiples procesos por delitos graves.
Luciano Marín Arango fue uno de los principales negociadores del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC, pero en 2019 anunció su regreso a las armas al frente de la estructura conocida como Segunda Marquetalia. La nueva sentencia se acumula a las decisiones judiciales en su contra por hechos anteriores al acuerdo y mantiene vigentes las responsabilidades penales derivadas de su actuación como integrante de la cúpula insurgente.
Juan Joya




