Los involucrados serían responsables de los delitos de cohecho propio, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima dio a conocer la destitución e inhabilidad por 10 años de doce exfuncionarios de esa entidad por el denominado escándalo de corrupción conocido como “Invima paralelo”.
Mediante Resolución No. 2024000714 de 2024 de esa entidad, se profirió el fallo de segunda instancia de la destitución e inhabilidad general por el término de diez años, en contra de doce exfuncionarios.
Según el Invima, esta decisión se motiva por haber incurrido en falta gravísima a título de dolo, por delitos como cohecho propio, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
Los exservidores públicos, a quienes se les sancionó e inhabilitó disciplinariamente, fueron señalados en su momento por la Fiscalía y varios de ellos fueron condenados penalmente. Mientras que otros están a la espera de una decisión definitiva.
La investigación que generó la sanción contra los exservidores públicos dio cuenta de conductas que favorecían diferentes trámites ante el Invima de manera irregular.
Entre los hechos se determinó la manipulación y desaparición de procesos sancionatorios, alterar, modificar y eliminar datos en el sistema de registro sanitario, alterar estudios de estabilidad y venta de productos, materia de decomiso, de las cuales se obtuvo un beneficio económico, poniendo en riesgo la salud pública.
La gravedad de esta conducta radicó en que una gran parte de la población colombiana terminaba adquiriendo una variedad de medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza que no contaban con una debida inspección sanitaria y científica, llegando a poner en riesgo la salubridad pública.
En 2017 se produjo la noticia criminal que inició con la investigación formal, cuando varios denunciantes alegaron que dentro del Invima se estaban adelantando movimientos ilegales. La Fiscalía realizó la investigación y estableció la teoría del caso donde, al parecer, los funcionarios de la entidad cobraban por gestionar y expedir documentos falsos.
La red de corrupción también advertía sobre procesos sancionatorios y ofrecían asesorar a sus ‘clientes’ cuando se generaban procesos de auditoría dentro al interior del Invima.
El fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez, declaró que “Fiscalía, Invima y el Gaula Militar lograron la captura de 12 funcionarios, una supuesta tramitadora y una empresaria de productos de belleza”.
De acuerdo con el Invima y tras las indagaciones realizadas durante el tiempo en el que surtió el proceso, se incurrieron en la violación de las prohibiciones que establece el Código Único Disciplinario. Afectando de esta manera, la imagen de la institución.
Juan Joya