Interceptaciones ilegales: Procuraduría formula cargos a seis policías por caso Marelbys Meza ¿Cómo lograron los policías obtener órdenes de interceptación?

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis integrantes de la Policía Nacional, señalados de participar en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza, Fabiola Perea y Yhonson Pineda.

Entre los implicados se encuentran los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Jefferson Camacho Prada, quienes, para el momento de los hechos, pertenecían al Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Organizadas. También fueron vinculados el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, investigador criminal del mismo grupo; el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, del Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Región, así como los investigadores de la SIJIN, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla.

El caso se origina tras la denuncia presentada por el esposo de Laura Sarabia por el hurto de 12 millones de pesos. Según el informe presentado por el investigador Alfonso Quinchanegua el 31 de enero de 2023, se solicitó la interceptación de la línea telefónica de Marelbys Meza y otros números relacionados. Sin embargo, ante la negativa de la fiscal del caso para autorizar dichas interceptaciones, el 2 de febrero del mismo año Quinchanegua y Canizales habrían falsificado documentos para obtener las órdenes de interceptación.

Los señalados habrían presentado un informe de investigador de campo falso y una declaración de fuente no formal adulterada, haciendo pasar a las víctimas como alias “Pini” y alias “Pacho”. Con esta maniobra, lograron que el Fiscal 191 de Quibdó autorizara las interceptaciones a las líneas de Marelbys Meza, su pareja Yhonson Pineda Sarmiento y su amiga Lucelia Robles.

La Procuraduría sostiene que los patrulleros Morales Cárdenas y Correa Loaiza, de manera fraudulenta, indujeron en error al fiscal que ordenó las interceptaciones. Por su parte, los mayores López Tolosa y Camacho Prada son cuestionados por no haber verificado la información suministrada, dejando de corroborar si los números telefónicos estaban activos y si las órdenes de interceptación cumplían con los objetivos del caso.

El Ministerio Público subrayó que estas conductas podrían constituir una grave falta al debido proceso y a los principios que rigen la actuación de la Policía Judicial. Este caso pone en evidencia los riesgos de abuso en los procedimientos de interceptación y la importancia de garantizar que estas herramientas sean utilizadas dentro del marco de la legalidad.

El proceso disciplinario continúa mientras el país espera respuestas claras sobre este caso que ha sacudido a la opinión pública.

 Humberto ‘Toto’ Torres