Desde hoy, los conductores en Colombia vivirán un aumento en las tarifas de peajes, como parte del plan del gobierno de Gustavo Petro para retomar el ajuste pendiente. Según el Ministerio de Transporte, este incremento general, que se aplica a partir del 16 de enero, corresponde a la inflación de 2022, que no se había aplicado en 2023.
El ajuste, que normalmente se realiza anualmente basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, se congeló durante la vigencia anterior. Como resultado, el país deberá ponerse al día con un aumento del 13,12 % en las tarifas, que incluye la inflación de 2022 más $500 del nuevo monto del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), el cual también experimentará un aumento.
El ministro de Transporte, William Camargo, explicó en los medios de comunicación del país que algunos peajes ya han aplicado las tarifas correspondientes al IPC pendiente, mientras que otros lo harán en los próximos días. Además, señaló que aún queda por aplicar un incremento adicional relacionado con la inflación de 2023, que fue del 9,28 %.
Inicialmente, el gobierno había anunciado dos aumentos en los peajes durante 2024, programados para enero y julio, con el objetivo de poner al día al país en este aspecto. Sin embargo, recientemente, el ministro de Transporte ha indicado que el segundo aumento podría ser aplazado hasta finales de 2024, sujeto a revisión.
El ministro de Transporte aseguró que no se trata de congelar nuevamente las tarifas durante este año, sino de evaluar en el segundo trimestre de 2024 el mejor momento para aplicar el IPC de 2023. A partir de entonces, se seguirán aplicando incrementos regulares de acuerdo con los contratos de concesión.
A pesar de estas afirmaciones, fuentes del sector privado expresaron su escepticismo sobre la concreción del segundo aumento. No obstante, el Decreto 050 de 2023, que congeló las alzas durante el año pasado, brinda al Gobierno un margen hasta finales de 2024 para ponerse al día, asegurando que el país esté actualizado en enero de 2025.
El panorama podría cambiar dependiendo de una demanda interpuesta contra el mencionado decreto, actualmente en estudio en el Consejo de Estado. La decisión final recae en los magistrados de ese alto tribunal, cuya aceptación para estudio data de septiembre del año pasado.
Sala digital Colmundo