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16 octubre, 2025En un acto cargado de simbolismo, el Gobierno colombiano inició la destrucción progresiva de 14 toneladas de material de guerra perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la disidencia de las FARC con la que actualmente se negocia la paz. Las primeras 3,8 toneladas ya fueron destruidas en el departamento de Putumayo.
Durante la demostración pública, el presidente Gustavo Petro enfatizó el contraste entre las políticas de seguridad de su gobierno y los conflictos armados en otras partes del mundo. “Mientras en otros lugares se lanzan bombas, en su país se busca que ‘no estallen'”, declaró el mandatario, agregando que “Lo que aquí hacemos es estallarlas para que haya paz, sin matar a nadie”.
Petro defendió su concepto de seguridad, afirmando que “Estamos construyendo seguridad humana. La seguridad humana no se mide en muertos, se mide en vidas y entre menos muertos, mejor”.
El capitán Jonathan Chaparro, comandante del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte) de la Sexta División del Ejército, detalló el impacto concreto de esta destrucción. Explicó que entre el material neutralizado había tres toneladas de nitrato de amonio y combustible con las que se podía fabricar unas 12.000 minas, 200 granadas y 15.000 cartuchos de munición.
“La importancia de la destrucción de este material de explosivos y municiones es la de salvar vida tanto de la población civil como las propias tropas”, subrayó el capitán Chaparro.
Este proceso de destrucción, que se extenderá hasta completar las 14 toneladas comprometidas, cuenta con verificación y acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), junto con la Fuerza Pública y la Consejería Comisionada de Paz.
La CNEB, que reúne a los Comandos de la Frontera y la llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico, entregó el material al Gobierno como gesto de paz en los departamentos de Putumayo y Nariño. La decisión se tomó durante una reunión de la Subcomisión de Garantías de Seguridad de la mesa de negociaciones, celebrada en julio pasado en el resguardo indígena Inda Zabaleta, en el municipio de Tumaco, Nariño.
Este no es el primer gesto de desarme en el actual proceso de paz. En abril pasado, el Gobierno también destruyó una tonelada de armamento del Frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del ELN, como parte de otra negociación paralela, marcando una estrategia diferenciada de pacificación con los distintos grupos armados ilegales.
Sala Digital Colmundo




