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La excandidata presidencial y actual directora del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, lanzó duras críticas contra los exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc, luego de que apelaran la sentencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que les impuso sanciones restaurativas por el delito de secuestro.
La decisión judicial estableció una sanción restaurativa de ocho años, durante los cuales los exjefes de la desmovilizada guerrilla deberán reparar a las víctimas sin cumplir penas de prisión. No obstante, los comparecientes acudieron a la apelación, manifestando su inconformidad con varias de las condiciones impuestas por el tribunal.
Uno de los puntos que más controversia generó fue la negativa de los exFarc a portar dispositivos electrónicos de monitoreo, mecanismo previsto por la JEP para garantizar el cumplimiento de las sanciones. Este aspecto fue el detonante de las declaraciones de Betancourt, quien recordó las condiciones de cautiverio que padecieron cientos de secuestrados durante años en la selva.
La dirigente política cuestionó que quienes mantuvieron privadas de la libertad a sus víctimas ahora consideren excesivas las medidas de control, al señalar que durante el secuestro los retenidos eran sometidos a cadenas, vigilancia permanente y condiciones extremas, mientras que hoy rechazan mecanismos básicos de verificación judicial.
Betancourt también advirtió que la justicia transicional ha ido perdiendo autoridad, al considerar que en repetidas ocasiones se ha buscado conceder beneficios excesivos a los antiguos miembros de la guerrilla, lo que, a su juicio, ha debilitado la confianza ciudadana en el sistema judicial.
En ese sentido, la líder del Partido Oxígeno afirmó que el país deberá tomar una decisión política en 2026, al elegir un presidente o presidenta que, según su planteamiento, restablezca el orden institucional y la autoridad de la justicia, frente a los actores armados que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Los argumentos de la apelación presentada ante la JEP
En el documento de apelación radicado ante la Jurisdicción Especial de Paz, los exintegrantes del antiguo secretariado sostienen que la sentencia vulnera la dignidad humana y se aparta de los principios restaurativos de la justicia transicional, al establecer medidas que, en su criterio, implican un monitoreo permanente las 24 horas del día.
Según los exFarc, estas condiciones desnaturalizan las sanciones propias del Acuerdo Final de Paz y las convierten, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva, incompatible con el modelo acordado y con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la JEP.
Además, en la apelación plantearon reparos sobre la afectación a sus derechos políticos, cuestionaron la imputación por delitos como desaparición forzada y asesinato, y solicitaron que se elimine la imputación por el delito de esclavitud, entre otros aspectos de la sentencia que buscan sea revisada por el tribunal.
Humberto ‘Toto’ Torres
