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Colombia atravesó en 2025 una de las situaciones humanitarias más graves de la última década, marcada por el aumento de la violencia armada, el confinamiento de comunidades y el deterioro de las condiciones de vida en territorios vulnerables, según alertó Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial de 2025.
La organización señaló que los abusos cometidos por grupos armados, junto con el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente en zonas rurales y entre comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas críticos de derechos humanos en el país.
De acuerdo con el documento, la crisis humanitaria se profundizó por acciones violentas que afectaron de forma directa a la población civil. HRW advirtió que las dinámicas del conflicto impidieron la movilidad de miles de personas, en un contexto donde el control territorial y las amenazas han restringido la vida cotidiana de comunidades enteras.
En ese sentido, HRW citó cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), según las cuales más de 137.000 personas no pudieron salir de sus comunidades entre enero y agosto de 2025 debido a amenazas, combates y otras acciones atribuidas a grupos armados.
El informe también destacó un fuerte incremento en las víctimas por explosivos. Según los datos recopilados, 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos entre enero y agosto de 2025, lo que representó un aumento del 145 % frente al mismo periodo de 2024, un indicador que refleja la intensificación del riesgo para la población civil.
Otro de los focos de preocupación señalados por la organización fue el reclutamiento de menores. La Defensoría del Pueblo reportó que en 2024 se registraron 625 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, lo que significó un aumento del 81 % frente a los 342 casos de 2023. Además, HRW añadió que información de Naciones Unidas sugiere que la tendencia continuó al alza en 2025.
Catatumbo, el epicentro de la violencia
Human Rights Watch identificó como uno de los escenarios más críticos la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde se ha concentrado la peor situación de violencia en el país. Esta zona fronteriza con Venezuela enfrenta desde enero de 2025 un enfrentamiento armado entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, en disputa por el control territorial.
En su análisis, HRW señaló que el ELN habría desplegado una ofensiva sostenida contra civiles, con hechos como asesinatos, agresiones, secuestros y desapariciones de personas acusadas de tener vínculos con el Frente 33. Esta situación provocó el desplazamiento de más de 64.000 personas, en lo que fue descrito como uno de los mayores desplazamientos masivos en Colombia en décadas.
Violencia política en el contexto electoral
El informe también puso la lupa sobre el panorama político, al advertir que el proceso preelectoral rumbo a 2026 ha estado marcado por hechos violentos. En ese contexto, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.
El congresista murió el 11 de agosto, tras permanecer dos meses en estado grave, un caso que conmocionó al país y derivó en una investigación judicial compleja. HRW subrayó que el periodo previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 estuvo afectado por episodios de violencia, incluyendo el asesinato del precandidato.
El calendario electoral colombiano de 2026 iniciará con las elecciones legislativas del 8 de marzo, jornada en la que también se realizarán consultas internas para definir candidatos presidenciales tanto de sectores de izquierda como de derecha. Posteriormente, la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el 31 de mayo, y una eventual segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.
Finalmente, HRW recordó que la Defensoría del Pueblo identificó riesgos para los derechos civiles y políticos que podrían impactar el proceso electoral, y solicitó la adopción de medidas urgentes en 224 de los 1.103 municipios del país, como parte de las alertas sobre posibles afectaciones a la participación y seguridad ciudadana.
Humberto ‘Toto’ Torres
