Indumil bajo investigación: graves fallas en el control de armas y presunto desvío de material bélico

En entrevista exclusiva con Colmundo Radio, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, reveló detalles preocupantes sobre las presuntas irregularidades en la Industria Militar Colombiana (Indumil), caso que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Según el funcionario, los hallazgos podrían configurar delitos relacionados con tráfico ilegal de armas, peculado y falsedad en documento público, entre otros.

“Indumil está bajo la lupa por posible caso de corrupción. Hemos trasladado a la Fiscalía hallazgos sobre posibles irregularidades en el manejo, custodia y destrucción de material bélico”, confirmó Idárraga, quien explicó que las alertas provienen de la Oficina de Control Interno de la entidad y del propio presidente de Indumil.

El secretario explicó que las irregularidades se concentran en la fábrica Santa Bárbara, ubicada en Sogamoso, Boyacá, donde se encontraron armas y municiones con graves inconsistencias en su manejo.

“Parte de los fusiles, pistolas y granadas fueron clasificadas como chatarra sin cumplir los protocolos de inutilización”, advirtió Idárraga. “En otros casos, lo que más nos preocupa, es la posible simulación de destrucción: se declaró material como fundido, pero luego fue hallado completamente intacto”.

El funcionario señaló que la situación revela una falta de control alarmante sobre los inventarios y la trazabilidad del armamento: “Si se ordena destruir 320 granadas y luego aparecen varias, ¿qué pasó con las demás? ¿Se destruyeron, se vendieron o se desviaron? Eso es lo que debe aclarar la Fiscalía”.

Ante la pregunta sobre si existen indicios de desvío de armas hacia grupos ilegales, Idárraga fue enfático: “Esa es la hipótesis inicial. Con eso iniciamos desde el Gobierno: ¿dónde está ese armamento?”.

El secretario recordó que, junto con la Superintendencia de Vigilancia, ya se habían realizado esfuerzos para rastrear vínculos entre la fabricación ilegal de armas y grupos armados, aunque sin resultados concluyentes.

“Estamos hablando de una posible configuración de delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, además de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y favorecimiento a terceros”, explicó.

El panorama dentro de Indumil, según la Secretaría de Transparencia, es desolador. Idárraga aseguró que los sistemas de control, registro y custodia del material bélico presentan graves deficiencias: “Prácticamente ningún control se cumplió”

“Encontramos granadas de 40 mm y de mortero vencidas, muchas sin disposición final efectiva y con salidas de inventario sin ningún acto administrativo. Había almacenamientos irregulares en contenedores y bodegas sin trazabilidad, incluso materiales con más de 15 años sin registro documental”, denunció.

Lo más grave, insistió, son las simulaciones de fundición de armamento: “En papeles aparecían como destruidas, pero en la práctica estaban completas. Eso abre la puerta a un posible tráfico o uso ilegal de armas”.

Responsabilidades y próximos pasos

De acuerdo con Idárraga, los hallazgos comprometen la responsabilidad administrativa de varios funcionarios: “Esto pasa por el gerente de la fábrica, los profesionales de seguridad física, los jefes de planta de fundición y el grupo de control de calidad. Todos deben responder qué pasó”.

El secretario subrayó que el caso requiere acciones inmediatas por parte del Ministerio de Defensa y del presidente de Indumil, así como un informe claro a la ciudadanía sobre el destino del material bélico.

“La gente tiene derecho a saber qué se ha hecho con ese armamento, cuáles correctivos se adoptarán y qué pasará con las personas responsables”, concluyó Idárraga. “Esto no es un asunto menor: hablamos de armas que podrían estar en manos equivocadas. Esperamos respuestas concretas de la Fiscalía y del Ministerio de Defensa la próxima semana”.

Paola Martínez Burgos