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En medio de un escenario jurídico incierto, el Gobierno nacional avanza con el recaudo del impuesto al patrimonio mientras la Corte Constitucional aún no decide sobre la legalidad de las emergencias económicas que lo sustentan. La medida revive en un limbo jurídico, donde las decisiones del alto tribunal no coinciden con los tiempos fiscales del Ejecutivo.
Este caso se suma a antecedentes recientes donde las decisiones judiciales han frenado políticas clave. La reforma pensional, por ejemplo, permanece suspendida pese a que debía entrar en vigor el año pasado, evidenciando las tensiones entre las ramas del poder público en temas económicos de alto impacto.
El impuesto al patrimonio no es ajeno a este pulso institucional. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, se estableció inicialmente una tarifa progresiva bajo una emergencia económica en 2025. Aunque la Corte suspendió esa medida, el Ejecutivo volvió a decretarla en 2026, apoyado en un nuevo estado de excepción derivado de la emergencia invernal en el norte del país.
La decisión se formalizó el 24 de febrero, cuando el Gobierno declaró emergencia en ocho departamentos y expidió un tributo dirigido a empresas con alto patrimonio. El impuesto aplica a personas jurídicas con más de 200.000 UVT, es decir, patrimonios superiores a 10,47 mil millones de pesos, según el valor fijado para 2026.
De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, todas las empresas deberán cumplir con este pago, salvo aquellas intervenidas por el Estado. La tarifa general será del 0,5%, pero sectores como el financiero, asegurador y extractivo asumirán una carga del 1,6%, lo que ha generado preocupación en el sector productivo.
El pago del impuesto se realizará en dos cuotas, fijadas para el 1 de abril y el 4 de mayo. Sin embargo, la revisión de su constitucionalidad sigue en curso, bajo la ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar, quien analiza el Decreto 173 de 2026.
La magistrada ha solicitado información clave al Gobierno para sustentar la medida. Entre los cuestionamientos, se busca establecer cuánto del recaudo proyectado —estimado en 8,3 billones de pesos— dependerá de este impuesto, así como las alternativas que evaluó el Ejecutivo antes de adoptar esta decisión.
Además, el proceso incluye la participación de entidades territoriales y académicas. Gobernaciones de regiones afectadas como Córdoba, Antioquia, La Guajira y Bolívar deberán precisar sus necesidades financieras, mientras que universidades y centros de estudio podrán opinar sobre la constitucionalidad del decreto.
El calendario también refleja la tensión entre recaudo y control judicial. La Corte tiene plazo hasta el 6 de abril para recopilar pruebas, es decir, después de la fecha del primer pago del impuesto, lo que implica que los contribuyentes deberán cumplir antes de que exista un fallo definitivo.
Críticas y presiones contra el impuesto
El avance del recaudo ha generado fuertes reacciones. Desde Colfuturo se ha advertido que el impuesto presenta problemas de equidad, al considerar que afecta de manera desproporcionada y contradice principios constitucionales básicos.
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional sostiene que el impacto del decreto ya es tangible. El gremio advierte que el perjuicio no es futuro, sino inmediato y creciente, por lo que insiste en la necesidad de una suspensión provisional urgente.
Mientras tanto, la Sala Plena de la Corte Constitucional no ha priorizado el debate. La próxima sesión clave está prevista para el 9 de abril, donde se retomará el análisis de la primera emergencia económica, actualmente suspendida y rodeada de múltiples solicitudes de nulidad.
Entre estas acciones, destaca la presentada por la Presidencia, que busca tumbar la medida cautelar adoptada por la Corte. El Gobierno argumenta que existieron irregularidades y pretende restablecer precedentes jurídicos para defender la constitucionalidad de su actuación, en un nuevo capítulo del pulso entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
En este contexto, Colombia enfrenta un escenario complejo: el Estado cobra un impuesto cuya validez aún está en discusión, dejando a empresas y contribuyentes en medio de la incertidumbre jurídica y económica.
Humberto ‘Toto’ Torres
