Impuesto al carbón causaría aumento en tarifas de energía para consumidores finales

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras – Andeg, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía – Asoenergía, la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas- Acopi, coinciden en que se deben buscar mecanismos para incentivar la reducción o compensaciones en las emisiones de carbono y manifiestan su preocupación por el impacto que tendría en la iniciativa legislativa de la reforma tributaria, que busca la inclusión del carbón dentro de los combustibles gravados con el impuesto al carbono.

Como parte de la reforma tributaria que el Gobierno Nacional estaría presentando ante el Congreso de la República, se incluye la modificación de la Ley 1819 de 2016 en lo relacionado con el impuesto al carbono, gravando al carbón como combustible, lo cual generaría un impacto en diferentes frentes de la economía nacional, que no se compensan en nada con los recaudos que pudiera recibir el gobierno con la iniciativa.

Impacto sobre la demanda eléctrica: en primer lugar, se generaría un alza en el precio de los contratos de generación de energía eléctrica del orden de $18 por kilovatio/hora, lo que representará un impacto sobre los consumidores finales cercano a 1.3 billones de pesos/año, que se reflejaría en las tarifas de todos los usuarios, incluyendo los más vulnerables, cuando todos los contratos de los comercializadores sean renovados. 

De hecho, para un usuario residencial promedio, el impuesto al carbono podría representar entre el 4% y el 6% del valor de la factura de electricidad, y para un usuario industrial, el incremento puede representar entre un 7 y un 12% en el valor del costo de la energía.

Esta apuesta de inclusión de mayores impuestos en las facturas de los usuarios de electricidad del país, le representaría al estado una apropiación adicional en el presupuesto y un pago adicional neto, a través del ya deficitario fondo de subsidios, en cerca de 150 mil millones de pesos al año, para financiar los aportes que otorga el gobierno a los usuarios de menores ingresos. 

La medida sólo permitiría recaudar, por ese concepto, 250 mil millones de pesos, con lo cual tendría un efecto neto negativo para la sociedad del orden de 1.2 billones de pesos al año.

En el caso particular del sector de electricidad, la pérdida de bienestar de los consumidores del servicio público se traduciría en una apropiación de rentas del orden de 1.1 billones de pesos/año, por parte de agentes del mercado eléctrico que se terminarían beneficiando de la medida.