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¿Quién protege a los periodistas?: cuando el periodismo incomoda
En el marco del Festival Gabo, en Bogotá, el Estado colombiano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la impunidad en el asesinato de los periodistas Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, ocurrido el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del colegio Gimnasio Moderno y fue liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con la participación de familiares de las víctimas, representantes institucionales, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y público general.
El reconocimiento se dio como parte de un acuerdo de solución amistosa suscrito en abril de 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de más de tres décadas de impunidad y de una investigación judicial marcada por contradicciones, negligencia y falta de voluntad política. El Estado admitió que no actuó con la diligencia debida para prevenir el crimen, investigar los hechos ni sancionar a los responsables, lo que constituyó una grave vulneración de los derechos a la vida, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Durante el acto, se anunció la creación de un premio honorífico regional en las categorías de crónica y fotografía que llevará el nombre de los periodistas, así como la construcción de un mural conmemorativo en Bogotá, concertado con sus familias. También se adoptará una directiva de obligatorio cumplimiento para fiscales en casos de violencia contra periodistas, y se realizará seguimiento periódico al proceso penal aún pendiente de fallo en primera instancia.
Hablaron de esto hoy la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, quien afirmó que “durante décadas este crimen permaneció en la impunidad, negando justicia a sus familias, a sus colegas de la prensa y a toda la sociedad colombiana”; el director de Defensa Jurídica Internacional, Yebrail Haddad Linero, quien calificó el acto como un gesto de memoria y reparación; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien destacó la persistencia de las familias como símbolo de dignidad; y los hijos de los periodistas, Daniel Chaparro Díaz y Alexandra Torres Mora, quienes denunciaron la invisibilización del trabajo periodístico de sus padres y exigieron que se reconozca su legado profesional.
Este acto busca reparar simbólicamente el daño causado, fortalecer las garantías institucionales para el ejercicio del periodismo y preservar la memoria de quienes fueron asesinados por cumplir con su deber informativo. En palabras del director de El Tiempo, Andrés Mompotes, “cuando se mata a un periodista por contar la verdad, no solo se silencia una voz. Se priva a toda la sociedad de una mirada crítica, de una historia que necesitaba ser contada”.
Este caso, como tantos otros en Colombia, pone sobre las fallas estructurales del sistema judicial para proteger a los comunicadores. Más de 160 periodistas han sido asesinados en el país por razones vinculadas a su oficio. Cada uno representa una historia inconclusa, una vida interrumpida por informar. La directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Sofía Jaramillo, recordó que la censura de hoy es producto de la que se vivió ayer, y que la memoria de Chaparro y Torres debe servir para fortalecer las garantías institucionales del periodismo.
El reconocimiento estatal, aunque tardío, es un paso hacia la reparación. Pero no basta con homenajes. Se requiere voluntad política, protección efectiva, políticas públicas claras y una transformación cultural que entienda que el periodismo crítico es esencial para la democracia. Informar es una forma de servir, y la justicia, aunque demorada, debe llegar. Que la memoria de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres no se desvanezca en el gesto institucional, sino que se traduzca en estructuras que cuiden, respalden y respeten a quienes cada día salen a contar lo que otros prefieren callar.
Juan Joya
