Gustavo Petro desmiente acusaciones sobre deudas millonarias en educación superior

¿Quién tiene la razón?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desmentido las acusaciones de la congresista Cathy Juvinao sobre las millonarias deudas con universidades públicas. Según Petro, estas acusaciones forman parte de una estrategia electoral para desprestigiar al gobierno y favorecer a la candidata Claudia López. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro aseguró que no existe una deuda de un billón de pesos con las universidades públicas, como lo había señalado Juvinao en redes sociales. Además, destacó que el programa de gratuidad universitaria será ampliado para el año 2025 y su financiación se trasladará al Ministerio de Hacienda, garantizando su inclusión en la base financiera de la ley 30, lo que lo haría irreversible para los próximos gobiernos.

Los señalamientos de  Juvinao se basan  en una tabla con datos del Ministerio de Educación, que detallaba deudas por más de un billón de pesos con 19 universidades públicas. Sin embargo, Petro afirmó que esta información es incorrecta y responde a una campaña para desacreditar al gobierno. El Ministerio de Educación Nacional emitió un comunicado aclarando varios puntos y desmintiendo las acusaciones de la congresista. A la fecha, el Ministerio ha girado a las universidades públicas un total de 1,75 billones de pesos, es decir, el 85% de lo comprometido, y el saldo restante de 319 mil millones de pesos está en proceso de conciliación con las universidades, lo que asegura la transparencia en el manejo de los recursos.

El Ministerio también desmintió las acusaciones de que el presupuesto educativo no prioriza la educación superior, como indicó Juvinao. Señalaron que por el contrario el presupuesto aprobado para el sector educativo en 2024 es el más alto de la historia, alcanzando los 70,4 billones de pesos, con 12,2 billones destinados específicamente a la educación superior. Además, se refutó la afirmación de que se habrían recortado 2,2 billones de pesos del ICETEX para redirigirlos a la gratuidad, asegurando que este supuesto recorte es infundado y fue aclarado en el Congreso.

Adicionalmente, el Ministerio subrayó que los recursos destinados a la educación superior se han programado y ejecutado correctamente, y que la Ley de Financiamiento, que no fue aprobada por el Congreso, buscaba precisamente garantizar más recursos para el sector educativo. Este intercambio de acusaciones y desmentidos refleja la tensión política en el país en un año electoral, donde el tema de la educación ha sido uno de los puntos clave de debate.

La situación reafirma una vez más las diferencias y los desafíos que enfrenta el Gobierno en su intento por implementar políticas educativas inclusivas y sostenibles. La ampliación del programa de gratuidad universitaria es vista como un paso positivo por muchos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre su viabilidad a largo plazo y los mecanismos de financiamiento necesarios para su continuidad. Mientras tanto, la comunidad educativa y los actores políticos seguirán atentos a los desarrollos y a las acciones del ejecutivo para resolver las diferencias que puedan surgir y asegurar el futuro de la educación superior en Colombia.

Juan Joya

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