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30 enero, 2026Este jueves 29 de enero se realizó la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, y el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió que hay un riesgo real de que grupos armados ilegales intenten influir en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Según los datos preliminares, estos grupos mostrarían un interés político y electoral en casi el 40 % de los municipios donde están tienen presencia.
De acuerdo con el funcionario, esto implica un desafío serio para garantizar la transparencia y la participación libre de todos los ciudadanos en las votaciones y subrayó además que, se trata de un fenómeno que no puede ser ignorado por el Estado. El informe que presentó la Registraduría se basa en un análisis de 312 municipios del país donde hay presencia de grupos armados ilegales. En casi la mitad de estos territorios, los funcionarios observaron patrones que podrían indicar una intención de esos grupos de influir en la voluntad de los votantes.
“Tenemos diferentes mapas de riesgo, construidos con la Fiscalía, la Defensoría, la Policía. Estos no se basan exclusivamente en delitos electorales, sino en variables como violencia, criminalidad y niveles de participación ciudadana. Esta información permite focalizar acciones, definir de manera estratégica la ubicación de puestos y mesas de votación y priorizar la atención en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad”, sostuvo.
Representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y otros miembros de la Comisión de Seguimiento que también asistieron a la presentación, coincidieron en la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas de mayor riesgo con el fin de prevenir posibles fraudes o coacción. Uno de los principales temores de las autoridades es que estos grupos puedan promover la instrumentalización del voto y ejercer presión sobre electores en áreas donde la violencia es alta.
Penagos destacó que incluso en zonas con altos niveles de conflicto algunos ciudadanos continúan participando activamente en los procesos electorales, lo que demuestra el interés de la población por ejercer este derecho. Sin embargo, la convivencia entre violencia y votación no es sencilla y requiere medidas de protección adicionales. Por lo tanto, el llamado de la Registraduría a reforzar estas acciones fue respaldado por organismos de control. Además, la Misión de Observación Electoral (MOE) también insistió en la importancia de garantizar condiciones de seguridad.
Es de recordar que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha identificado numerosos municipios en riesgo por posibles acciones de estas estructuras en el marco electoral. En varias regiones del país hay reportes de intimidación, desplazamientos y otros efectos de la violencia que podrían afectar la participación ciudadana. Otras instituciones también han venido identificando patrones inusuales en el proceso preelectoral, como variaciones en las inscripciones de cédulas, que también generan inquietud. Frente a esto, las autoridades han anunciado que habrá vigilancia constante durante todo el período de elecciones.
A eso se le suma, las amenazas que surgieron tras la reaparición de alias Iván Mordisco en noviembre de 2025, quien por medio de un video divulgado desde la selva, advirtió que podría interferir en las elecciones de 2026. “Mordisco” justificó su amenaza electoral, señalando: “Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas… no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso para garantizar la seguridad electoral y se espera que las medidas de prevención y control se fortalezcan en las próximas semanas. También le han pedido a la población que denuncie cualquier situación irregular que observe en su región.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




