Grupos armados ilegales controlan obras y presupuestos en zonas vulnerables de Colombia: Lafaurie y Crisis Group

En un reciente pronunciamiento, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expuso una preocupante realidad sobre el manejo de fondos gubernamentales en Colombia. Según Lafaurie y el International Crisis Group (ICG), diversas estructuras criminales no solo ejercen control sobre áreas significativas del país, sino que también influyen directamente en el uso de estos recursos.

Lafaurie, un actor clave en las negociaciones de paz, alertó sobre la compleja relación entre los grupos armados ilegales y las comunidades vulnerables, particularmente las comunidades étnicas y las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estas organizaciones criminales, destacó, utilizan una estrategia de “seducción y violencia” para ganar control y legitimidad en estas regiones.

En sus declaraciones, Lafaurie detalló que estos grupos inicialmente respaldan obras públicas y ofrecen diversos beneficios, tales como mercados, regalos a los niños y empleo en sus “empresas ilícitas”. Además, administran justicia en estas zonas, creando una apariencia de benevolencia. Sin embargo, detrás de estas acciones, se esconde una táctica de miedo y control que incluye el reclutamiento de informantes y la cooptación de las JAC.

“Estrategia que incluye el reclutamiento y abuso de menores, exterminio de indeseables, líderes sociales y colaboradores del Ejército o de otros grupos armados, con los que luchan por el control territorial, generando confinamiento y desplazamiento”, explicó Lafaurie, subrayando la brutalidad de estos métodos.

Una de las paradojas resaltadas por Lafaurie es que, a pesar de esta situación, el actual gobierno continúa protegiendo y destinando recursos a estos grupos vulnerables. Destacó que, entre julio de 2023 y abril de 2024, se firmaron 2227 convenios solidarios por un total de $257.537 millones, bajo el programa de Colombia Compra Eficiente. Estos convenios, según Lafaurie, podrían estar siendo mal utilizados en áreas controladas por grupos ilegales.

Además, en octubre de 2023, la Comisión de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) aprobó una fórmula de Asignaciones Directas para minorías étnicas, lo cual representa una partida de $220.000 millones para 2023-2024. Lafaurie se mostró escéptico sobre el destino de estos fondos, preguntándose si no acabarán bajo el control de estas estructuras ilegales.

Lafaurie también reveló que, en un periodo de año y medio, el Gobierno entregó aproximadamente $198.237 millones a 20 organizaciones para diversos propósitos, algunos de ellos “extraños” y poco claros. Este manejo de recursos suscita una preocupación significativa sobre la efectividad y transparencia en la distribución de los fondos gubernamentales, especialmente en regiones afectadas por la violencia y el control de grupos armados.

La situación descrita por José Félix Lafaurie y respaldada por informes del International Crisis Group, plantea serios interrogantes sobre las estrategias gubernamentales y la influencia de grupos ilegales en Colombia. La necesidad de una revisión y supervisión más estricta de la distribución de recursos es evidente para asegurar que estos realmente beneficien a las comunidades vulnerables y no fortalezcan aún más a las organizaciones criminales.

Sala digital Colmundo